Peruano asesinado por el ejército mexicano planeaba cruzar la frontera a Estados Unidos para trabajar y solventar a su familia

Familiares de Wagner Jhonatan Miranda Cueva, un peruano de 29 años que murió asesinado en México a manos de militares de ese país, pidieron apoyo al Gobierno de Dina Boluarte para repatriar sus restos.

El incidente ocurrió el pasado 1 de octubre, aproximadamente a las 20:50 horas, en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, en el estado de Chiapas, frontera con Guatemala. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrieron fuego contra dos camionetas que transportaban a 33 migrantes de diversas nacionalidades, incluyendo personas de origen africano y árabe.

En diálogo con RPP, el tío de la víctima, Alexander Cueva Burga, solicitó ayuda de las autoridades para sepultar a su pariente en su lugar de origen, en el centro poblado El Ron, ubicado en la provincia de Utcubamba, región Amazonas. Los restos del joven continúan en la morgue del Estado de Chiapas.

“Lo que nosotros pedimos es la repatriación de nuestro familiar, a nuestras autoridades a nivel nacional (...). Deja en orfandad a dos menores hijos”, mencionó.

Cueva indicó, además, que su sobrino había decidido intentar entrar a Estados Unidos para apoyar a su familia económicamente. Para ello, había utilizado una ruta que inicia en Chiclayo, para luego pasar por Panamá y Guatemala, llegando finalmente a México. Al momento del asesinato no contaba con su pasaporte.

El Gobierno del Perú condenó enérgicamente este ataque perpetrado por militares mexicanos que resultó en la muerte de seis migrantes, entre ellos, Wagner Jhonatan Miranda. El ataque fue calificado como “execrable” por la Cancillería, a través de un comunicado.

El Ejecutivo ha exigido a través de su representación en México que se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Además, se ha comprometido a brindar asistencia humanitaria a los familiares del peruano fallecido en este trágico suceso.

Según datos preliminares de las autoridades militares mexicanas, el incidente se produjo cuando las fuerzas armadas, en un operativo de reconocimiento terrestre, detectaron un vehículo tipo pickup que circulaba a alta velocidad y evadió al personal militar.

La Cancillería peruana ha manifestado su intención de seguir de cerca el desarrollo de las investigaciones y ha reiterado su compromiso de proteger los derechos de sus ciudadanos en el extranjero. Asimismo, ha enfatizado la importancia de que se respeten los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situación legal.

En la frontera entre Guatemala y México, un accidente automovilístico cobró la vida de una niña peruana de 11 años, quien viajaba con su madre y dos hermanos en un intento por llegar a Estados Unidos. La familia había decidido abandonar Perú debido a las amenazas de extorsión por parte de presuntos miembros del Tren de Aragua.

Las amenazas comenzaron después de que la madre de la menor terminara de construir su casa en el distrito limeño de Independencia. Los extorsionadores exigían pagos, enviando fotografías de los hijos de la mujer, lo que llevó a la familia a tomar la difícil decisión de emigrar. La madre de la niña, junto a sus hijos, emprendieron un viaje hacia Oregon, donde se encuentra el padre de los menores.

Durante el trayecto, un conductor imprudente atropelló a la niña y se dio a la fuga, dejando a la familia devastada. El accidente ocurrió en un lugar sin cámaras de seguridad, lo que dificulta la identificación del responsable. La familia ahora solicita ayuda a las autoridades de Migraciones y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la madre pueda reunirse con el padre en Estados Unidos.

“Su papá también ha estado con este tema detrás, económicamente, mandándole para su pasaje, para poder hacer la cremación (...). Es una zozobra que ellas hayan vivido aquí tranquilamente. A las niñas no le faltaba nada, aquí estudiaban”, dijo a Panamericana uno de sus tíos.