Ley de terrorismo urbano: puntos polémicos de la norma que pretende aprobar el Congreso para combatir a la ola de criminalidad

Sin consenso. El pleno del Congreso no llegó a un acuerdo para aprobar el proyecto de ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de terrorismo urbano con el fin de reducir los índices de violencia y criminalidad que afronta el país. Antes de que termine la sesión, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, presentó un texto sustitutorio que cambia la tipificación de ‘terrorismo urbano’ a ‘criminalidad sistemática’.

Este cambio surgió a raíz de una mesa de trabajo encabezada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, junto a abogados penalistas y otros especialistas. El nuevo texto define la criminalidad sistemática como la ejecución de al menos tres actos delictivos graves, con la finalidad de obtener un beneficio económico o consolidar una hegemonía criminal. Estos actos no tienen que ser realizados por un solo individuo, sino que pueden involucrar a varios actores. Asimismo, plantea “sancionar de manera severa a aquellos que, de forma recurrente y organizada, perpetúan acciones delictivas que generan zozobra y temor en la población”.

Sin embargo, pese a que el presidente de la Comisión de Justicia, presentó esta propuesta como una respuesta a la preocupación frente el alto índice delictivo que vulnera directamente la Constitución, diversos especialistas y entidades advirtieron que la norma no es la solución ante esta problemática.

En el dictamen final del proyecto de ley que recoge las observaciones del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la ciudadanía, alerta sobre algunos vacíos que serían contraproducentes y no sumarían nada en la lucha contra la delincuencia.

Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que al incluir el delito de robo dentro del “terrorismo urbano” además de ser sancionado con hasta ocho años de cárcel, podría recibir una pena adicional de hasta 25 años por esta nueva tipificación, lo que atenta con el principio de legalidad.

Por su parte, el Ministerio Público coincide con lo dicho por el Minjus, que la norma atenta con el principio de legalidad y proporcionalidad y considera que “no resulta viable, porque no sería la mejor solución para abordar la inseguridad ciudadana”. La entidad señaló que esta problemática necesita “un enfoque multidimensional que involucre sociedad, gobierno, instituciones y expertos en diferentes campos para encontrar soluciones efectivas y equitativas”.

En ese sentido, recuerdan que no todos los delitos y actos de violencia pueden ser calificados como terrorismo, puesto que el terrorismo parte de una ideología política y sus conductas apuntan a la destitución de un régimen elegido constitucionalmente. Al tipificar los delitos violentos como “terrorismo urbano” lo que se hace en realidad, es banalizar el delito, que es uno de los más graves que tiene el Código Penal.

Por último, en las opiniones que dejan los ciudadanos en el texto, advierten de la criminalización del derecho a la protesta y la estigmatización a un sector de la población.

El dictamen también propone la creación de una Fiscalía Especializada en Criminalidad Sistemática, sin embargo, el fiscal coordinador del Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, indicó en una entrevista previa que su fiscalía ya ve ese tipo de casos y que cuenta con profesionales con varios años de experiencia en estos delitos, por lo que la creación de esta nueva unidad no sería necesario.

Cabe aclarar, que el Congreso no fue el único que propuso una nueva fiscalía. El último 25 de octubre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que solicitaría al fiscal de la Nación, una fiscalía que atienda las denuncias de extorsión.