Roberto De la Tore, presidente de la CCL: “La inseguridad y la indecisión del Gobierno le cuestan 3% del PBI al Perú”

Aunque la inseguridad ciudadana no es un rostro nuevo para el Perú, los índices de criminalidad por delitos como sicariato y extorsión se han elevado a niveles insostenibles en los últimos años, una situación que ahora ha trascendido no solo a las familias, sino a toda la cadena productiva del país y el tejido empresarial en su conjunto. Roberto De la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), tiene un diagnóstico. Pero la cura está en manos de los altos niveles del Gobierno.

¿Cuántos puntos del PBI le cuesta la criminalidad y la respuesta del Gobierno al Perú?

El Instituto Peruano de Economía (IPE) calculó quee la criminalidad le cuesta al Perú un 3% del PBI. Videnza también calculó en 3,09%, así que están por ahí. Hace pocos días, el BCRP también calculó en 2,2% el costo de la criminalidad y, más o menos al PBI del año pasado, son US$5.800 millones.

Pero ese cálculo del BCRP no incluye todos los costos indirectos adicionales que hay, así que un cálculo mas aproximado es ese 3%. Estamos hablando de mas de US$7.000 millones, porque tenemos toda la parte del costo del sector privado, más el costo del Estado en seguridad y cárceles. Y claro, la parte privada no solo es empresa, también son los hogares.

Eso es más de una refinería de Talara al año.

Sí correcto.

¿Cómo ve la CCL la situación de la inseguridad en el Perú?

Como gremio, venimos expresando nuestra profunda preocupación por la situación de inseguridad que estamos viviendo, que no solo afecta a los más de 10.000 asociados que tenemos, sino a todos los peruanos. Todos los días somos testigos de cómo grandes empresarios, microempresarios y emprendedores son víctimas de las extorsiones, que incluso los lleva a cerrar sus negocios.

Eso es inaceptable. Ninguna actividad está a salvo: ferreterías, salones de belleza, bodegas, restaurantes, transporte, hasta los comedores populares son víctimas hoy de este flagelo. Los ciudadanos estamos viviendo en constante zozobra, a merced del crimen organizado.

La criminalidad campea más que nunca en el país.

Si vemos las últimas encuestas que sacó Ipsos, el 63% de los peruanos cree que la seguridad ciudadana ha empeorado en los últimos 12 meses. Eso, a nivel nacional, porque en Lima sube a 70%. Además, el 87% se siente inseguro cuando transita por las calles en la noche y el 67% en el día. Esta cifra refleja que la población está totalmente desprotegida y vulnerable en las calles y hasta en su casa. La criminalidad se ha desbordado y ha venido creciendo descontroladamente.

¿Cómo ven la actuación del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte?

Percibimos desde la CCL que el Gobierno no ha dado muestras. Se necesita una estrategia integral contra la criminalidad, sentimos que se llevan a cabo acciones aisladas, poco reactivas, ante las cosas que se van presentando. Esta lucha necesita una estrategia integral, y eso es lo que exigimos.

Si no hay liderzago, presupuesto e inteligencia y articulación con todas las instancias que intervienen, no se tendrá éxito y seguirán ganando terreno estas organizaciones criminales. Por eso, nosotros planteamos, dentro de esta estrategia integral, algunas acciones.

¿Qué hacer, entonces?

Por ejemplo, declarar en emergencia a la PNP. Se necesita dotarla, rápidamente, de infraestructura, equipamiento, recursos logísticos y operativos que necesita en la lucha contra la criminalidad. Si la declaras en emergencia, le va a permitir a la PNP hacer compras más rápidas, pero también se debe nombrar alguna comisión ad hoc de diferentes organismos, como el MEF o Mininter, para evitar corrupción, porque si das esta facilidad saldrías del sistema de compras del Estado.

También se debe reducir la brecha de déficit en el personal policial. Esta brecha es de 50.000 policías. Estuvimos revisando cifras y cada año entran a la Escuela unos 5.000, pero en los últimos están siendo retirados también 5.000 por periodo. El año pasado se han retirado 5.378 efectivos, aproximadamente, por edad, discipllina, etcétera. Al final nunca vamos a reducir el déficit, eso es un reflejo de que no se está haciendo nada para ir reduciendo la brecha.

Sin mayores postulaciones, no sería posible tener más policías en las calles.

Hay muchos oficiales y agentes de inteligencia e investigación con amplia experiencia en situación de retiro. La emergencia permitiría contratarlos y mover partidas presupuestales para darles mayor flexibilidad. Se le tiene que dar todos los recursos que necesitan, lo principal es reforzar la inteligencia y ahí tenemos la experiencia del GEIN, que gracias a ellos vencimos al terrorismo. Hay que replicar esa experiencia y se tiene que formar un nuevo GEIN contra el crimen organizado.

¿Y los estados de emergencia? ¿No han resultado?

Si bien ahora se ha declarado estado de emerencvia en 14 distritos, como CCL hemos visto que no ha sido sostenible en el pasado, y si siguen haciendo lo mismo, tampoco va a funcionar. Se tiene que reforzar con otras acciones concretas y articular con los gobiernos regionales y alcaldes.

Hay 120 zonas vulnerables completamente identificadas donde se tiene que tomar el control a través de acciones de la PNP y las FFAA. Proponemos crear un sistema integrado entre ambos para luchar contra la criminalidad, creo que se puede aprovechar la inteligencia de las FFAA para esto.

Pero todo eso es por el lado del Ejecutivo

Adicionalmente, el Congreso tiene otro papel que no está jugando. Ha venido sacando leyes que no ha debido, como la ley donde se modificó la definición de crimen organizado. Es una pésima ley.

El Congreso excluyó muchos delitos, entre ellos, la extorsión, que justamente estamos viviendo ahora dentro del crimen organizado. Fuera, claro, del tema de allanamientos, que perjudicó esta lucha contra la criminalidad. Sacaron varias leyes, como la que debilita la colaboración eficaz, que debilitan la lucha contra la criminalidad.

Todo eso ya es ley. ¿Qué toca, entonces?

Lo que tienen que hacer es, en primer lugar, corregir lo que hicieron mal. La Junta de portavoces ha dicho que no quieren derogar la ley de crimen organizado, pero que la modifquen al menos. Hay dos cosas clave de esa ley que sacaron: una es la definición que le dieron para ser considerado organización criminal, y crearon ahí una fórmula en la que tienes que pertenecer a una cadena de valor. Entonces, si corrigen eso, permitirán otra vez que la extorsión y el secuestro regresen como delito dentro de la organización criminal.

Pero no olvidemos que a la PNP le tienes que dar la protección necesaria para luchar contra la criminalidad. Si un policía dispara dentro de sus acciones y mata a alguien, se puede ver involucrado en un proceso y terminar en la cárcel. Le tienes que dar la tranquilidad necesaria para que cumpla con su labor.

¿Y no hay ninguna ley que, en su lugar, sí debería ser promovida?

Hay otro tema que, como gremio, hemos venido pidiendo, que es la ley de creación de unidades flagrantes, las cuales consideramos vitales contra la delincuencia común. El mayor porcentaje de delitos que se cometen son patrimoniales, como el robo de celulares. Ninguna de las que existen ahora funciona.

Hemos tenido la oportunidad de conocer una de estas unidades en el Centro de Lima y para que funcione debe tener a la Fiscalía, Poder Judicial y PNP, todos juntos, para que en 48 horas metes preso al delicuente. Además, la PNP debe estar dotada de laboratorios criminalísticos. El único bueno es el de la avenida Aramburú y encima es a nivel nacional, es decir, alguien tiene que venir desde Tumbes a Lima y hacer cola para que se vea su caso.

Pero de nada sirve crear más unidades, cambiar leyes y traer más policías, si al final los delincuentes terminan libres por el Poder Judicial.

Por supuesto, hay componendas para archivar casos o beneficiar a delincuentes, y todo eso también tiene que trabajarse y atacarse desde todos los poderes del Estado. Pero nos queda faltando algo: las cárceles. Asumamos que todo empieza a tener resultados, capturamos a los delincuentes y ¿a dónde los vamos a llevar?

Los penales están al doble de capacidad. Es algo que años venimos escuchando y se necesita una estrategia integral con la construcción de cárceles. Trabajar con el sector privado mediante Obras por Impuestos (OxI) o Asociaciones Público-Privadas (APP) para hacerlas mucho más rápido. Mientras todo eso no se trabaje en conjunto, vamos a seguir como hasta ahora.