
La situación de Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), se complica cada vez más. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos inició una investigación preliminar en su contra por presuntamente haber filtrado información reservada. A ello, se sumó la solicitud por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ante los cuestionamientos a su maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Sobre la primera indagación, la fiscal Delia Espinoza estableció un plazo de 60 días para recolectar información y evaluar la formalización. Durante este tiempo, se buscará esclarecer si las acciones de Barreto constituyen una violación a las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos en el manejo de información sensible.
La decisión se adoptó luego de que el congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) denunciara a Barreto por presuntamente compartir datos de una investigación en su contra. A través de su defensa legal, el parlamentario denunció a la abogada por los presuntos delitos de revelación indebida de identidad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

En su denuncia, el legislador no solo pidió que sea suspendida, sino que se allanen sus inmuebles. Además, que se incaute su laptop y/o cualquier otro equipo tecnológico y se tome su declaración y la del periodista Carlos Paredes, quien reveló que la fiscal le dio información de casos.
“Como me cita en la calle, grabé como respaldo en mi reloj para ser fidedigno a la hora de tener claro los datos, nunca pensé utilizar esa información […]. Si una autoridad competente hace una investigación seria, va a poder ver la geolocalización de mi teléfono y su teléfono el 1 de septiembre del 2023″, dijo Paredes en diálogo con RPP.
Sobre la información requerida por parte de la Sunedu, se enmarca en un reportaje realizado en Contracorriente. En el programa, se denuncia que la fiscal obtuvo su grado de maestría de forma irregular. Frente a ello, el ente de educación superior envió un oficio a la universidad Alas Peruanas para solicitarle información sobre la obtención del grado académico, la cual deberá ser dada en 10 días.
“Indicar y remitir copia del reglamento y/o normativa interna aplicada para el otorgamiento del grado académico de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos a la señora Barreto, remitir copias del expediente de graduación, copia de la tesis que sustenta el otorgamiento, precisar los mecanismos implementados por su representada para el archivo y resguardo de los trabajos de investigación conducentes durante el 2013 e informar si recibieron alguna denuncia o cuestionamiento relacionado con los hechos objeto de investigación, así con los medios probatorios que consideren pertinentes para acreditar sus afirmaciones”, precisa el documento.
El programa cuestiona que, pese a que según su certificado de notas tiene puntajes aprobatorios, se le haya otorgado un summa cum landen; es decir, “los mejores honores”, en el trabajo final. Además, que la revisión y aprobación de su tesis se haya dado en tiempo récord (5 días).
“Hemos tenido a muchos estudiantes. Dentro de ellos se encontraba Marita Barreto. No recuerdo brillantez. Del uno al diez, probablemente le pondría tres. [...] Yo he sido miembro de jurado y postgrados muchas veces. Tengo un cuarto de siglo en esta labor y no es cosa común que una persona solicité la designación de miembros de jurado calificador un 13 de junio y que el 19 del mismo mes ya se haya conformado, evaluado y aprobado. ¿A qué hora estudiaron la tesis?”, sostuvo el profesor Luis Pacheco Mandujo diálogo con el dominical.
También es investigada en la ANC
Cabe mencionar que estas diligencias se suman a la investigación por parte de la Autoridad Nacional de Control. El jefe de la ANC del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí, confirmó la noticia ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso a la que fue invitado junto al titular de la Fiscalía, Juan Carlos Villena.
Durante su exposición, la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) consultó sobre el aparente adelanto de opinión otorgado por la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) al vincular el secuestro de Iván Siucho con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
En respuesta, Fernández Jerí sostuvo que “ya se iniciaron las investigaciones”. “Con el nuevo ordenamiento administrativo disciplinario tenemos tres procesos; entonces está lo más célere posible. Reitero que integramos el Ministerio Público, pero somos totalmente independiente y se ha roto ese falso espíritu de cuerpo”, sentenció.
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