La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad ratificar la destitución de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, de su hermana, la exjueza Emma Benavides, y de la exfiscal Azucena Solari.
Después de su intervención, Marco Tulio Falconí votó en discordia del informe de Imelda Tumialán únicamente en lo que respecta a Emma Benavides. En los otros dos casos, no realizó ninguna objeción.
“La conducta imputada brindar declaraciones en diversos medios de comunicaciones del medio local, allanando el camino para el pedido de sobre seguimiento de su caso, resulta atípica, pues carece de capacidad ´para impactar de manera autónoma y directa en las funciones que venían ejerciendo los agentes estatales encargados de investigarla y sancionarla penalmente”, manifestó.
Por su parte, Antonio De la Haza, presidente de la JNJ, reiteró su voto contra la hermana de la exfiscal de la Nación. De ese modo, quedó confirmada la destitución de las tres acusadas.
¿De qué se le acusa a Benavides?
De acuerdo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Benavides estaría al frente de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de influencias. Esta red, que también incluiría a sus asesores Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, habría intentado influir en decisiones clave del sistema judicial y legislativo del país.
Las investigaciones del Eficcop han revelado que la organización buscaba manipular procesos como la elección del defensor del pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Además, se identificó a 42 congresistas que podrían haber sido susceptibles de colaborar con estas acciones debido a las investigaciones en curso en su contra.
La Operación Valkiria, ha permitido recopilar evidencias significativas, incluyendo mensajes, documentos y testimonios que ilustran la magnitud de las operaciones de la red. Se sugiere que los objetivos de la organización no solo eran obtener beneficios personales, sino también ejercer control sobre la Fiscalía y otras instituciones judiciales.
Diviac allanó los domicilios de tres fiscales
El pasado 29 de agosto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia aprobó parcialmente una solicitud de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos para imponer restricciones a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La medida resultó en 18 meses de impedimento de salida del país. Según el documento al que accedió Infobae Perú, inició su vigencia desde el jueves 29 de agosto y estará activa hasta el 28 de febrero del 2026.
De acuerdo al pedido del Ministerio Público, la restricción de su salida responde a la necesidad de asegurar su presencia durante las investigaciones y posibles procedimientos legales vinculados a presuntos delitos de organización criminal agravada, cohecho activo y pasivo, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado. En total, se suma una posible de condena de más de 30 años de prisión.
En un operativo conjunto, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Superior del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto llevaron a cabo el allanamiento de tres domicilios vinculados a fiscales cercanos a Benavides
Los fiscales Abelardo César Caycho Ramis, Angie Liseth Távara Roque y Cristhian Genaro Alfaro Cáceres fueron intervenidos debido a su presunta relación con la organización criminal conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, según la orden emitida por el Poder Judicial.
Estos fiscales eran considerados personal de confianza durante la gestión de Benavides. La orden judicial permitía el registro de los domicilios bajo el apercibimiento de descerraje si los implicados mostraban resistencia al cumplimiento de la misma.