Fondo Mivivienda: desembolso de créditos se recupera en septiembre, pero caída todavía sería de 18% en 2024

Septiembre ha sido un mes que recortó la abrupta caída de los créditos colocados por el Fondo Mivivienda en agosto, pero nada hace presagiar que se pueda lograr un balance positivo hacia el cierre del año, informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Cuatro grandes causales retrasan el desarrollo de la construcción en esta vertical.

En un contexto de las dificultades administrativas que han afectado al Fondo Mivivienda en los últimos meses, el desembolso de 1.230 créditos hipotecarios en septiembre de 2024 marca un significativo repunte en las operaciones de esta entidad.

Este número casi cuadruplica los créditos otorgados en agosto, que fueron 334, y representa un incremento del 47% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo cual sugiere una recuperación del ritmo promedio de operaciones que se había experimentado en los meses anteriores.

De esta manera, entre enero y septiembre de 2024, se han concedido un total de 6.833 préstamos con fondos de Mivivienda. De mantenerse esta tendencia, Capeco estima que se podrían superar los 9.300 desembolsos al cierre del año.

Uno de los principales obstáculos fue la insuficiencia de recursos asignados para subsidios habitacionales, lo que redujo el ritmo mensual de colocaciones.

Además, la decisión de dejar de financiar viviendas con precios superiores a S/355.000, conocidas como “rango 5″, dejó un vacío que las instituciones financieras no han podido cubrir completamente con sus propios recursos.

También se han enfrentado dificultades en el desarrollo de proyectos habitacionales en varios distritos de Lima Metropolitana debido a la oposición de las autoridades municipales, quienes argumentan que el componente de vivienda social afecta la “residencialidad” en sus jurisdicciones.

Capeco atribuye el bajo desempeño de agosto a la modificación del procedimiento en el sistema presupuestal para el desembolso de los subsidios, cuya eficacia aún está por verificarse.

No obstante, la recuperación observada en septiembre podría llevar a un cierre de año con cifras aceptables de colocaciones, considerando las contingencias enfrentadas.

“Aunque esta cifra sería menor en poco más de 18% a la que se dio en el 2023, hay que tener en cuenta que en los últimos doce meses las operaciones del Fondo Mivivienda han sido afectadas por varias dificultades administrativas que no tienen que ver con las condiciones de mercado ni con la capacidad de gestión de la entidad”, dijo Capeco

Vale precisar que, en 2023, el sector Construcción tuvo su peor desempeño desde hace 24 años. La emisión de subsidios habitacionales por parte del Estado peruano puede contribuir a recortar esa brecha, al igual que la inversión pública en infraestructura.

Este número es un 36% superior al que se alcanzaría al final de 2024, si se mantienen las tendencias actuales. Contar con los recursos necesarios desde el inicio del ejercicio contribuirá a generar confianza entre promotores, instituciones financieras y beneficiarios, lo cual es esencial para el fortalecimiento de estos programas.

Una reciente decisión del Tribunal Constitucional ha generado incertidumbre en el sector inmobiliario de Perú, al devolver a los municipios provinciales la autoridad para determinar la altura de los edificios en sus jurisdicciones.

Esta medida afecta directamente a los desarrolladores que habían solicitado licencias de construcción entre 2023 y 2024, lo que podría llevar a la revisión de contratos y comprometer la adquisición de viviendas por parte de miles de familias que dependen de bonos estatales.

El fallo, emitido a mediados de 2023, obliga al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a modificar nuevamente su reglamento para la Vivienda de Interés Social (VIS).

La reinterpretación del MVCS, según el fallo del Tribunal, implica que los municipios recuperan el control sobre las normativas de construcción, un cambio que podría desestabilizar el mercado inmobiliario.

Los desarrolladores, que ya habían planificado sus proyectos bajo las regulaciones anteriores, ahora deben adaptarse a las nuevas directrices municipales, lo que podría retrasar o modificar sus planes originales.

Además, esta situación afecta a las familias que esperaban beneficiarse de los bonos del Estado para adquirir una vivienda. La incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos de construcción podría retrasar la entrega de viviendas, afectando a quienes ya habían iniciado el proceso de compra.