‘Waykis en la Sombra’: Mininter aprueba usar dinero público para pago del abogado de funcionario clave en el caso

El Ministerio del Interior ya inició los procedimientos para conseguirle un abogado defensor a uno de los personajes claves en la trama del caso ‘Waykis en la Sombra’. Jose Luis Ortíz Marreros, el ex director general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior recibirá este beneficio, que además será costeado por el propio Mininter utilizando dinero público.

Durante su tiempo como alto funcionario en el Ministerio del Interior, Ortíz Marreros fue el máximo jefe de los prefectos a nivel nacional; cargos públicos que, según la Fiscalía, eran utilizados por el hermano de la presidenta como un botín político para la inscripción del ‘Partido Ciudadanos por el Perú’.

Ahora que está involucrado como investigado en un proceso penal en su contra por presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal, y tráfico de influencias en agravio del Estado y es investigado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Ortíz Marreros envió una solicitud para que sea el Ministerio del Interior el que asuma los gastos de su defensa legal.

Según la Resolución de Secretaría General N° 130-2024-IN-SG, emitida por el Ministerio del Interior; el exfuncionario durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte envió su solicitud al Mininter el día 16 de septiembre, y fue declarada como procedente el 26 de septiembre, 10 días después. Con esto, ahora será el Ministerio del Interior el encargado de contratar y pagar la defensa legal de Ortíz Marreros.

Según la Fiscalía de la Nación, Jorge Luis Ortiz Marreros ha sido identificado como un operador clave en una red criminal dedicada a la colocación ilegítima de subprefectos en Cajamarca y San Martín. Esta operación tenía como objetivo el control y financiación de actividades delictivas en dichos departamentos.

La tesis del Ministerio Público sostiene que el funcionario habría designado subprefectos a lo largo del país en base a propuestas de Noriel Chingay Salazar, Prefecto Regional de Cajamarca y supuesto miembro de una organización criminal. Este esquema de nombramientos, especialmente destacado en Cajamarca, se sustentaría en conexiones de amistad y no en criterios de mérito o competencia profesional.

Además, en estas acusaciones también se detalló que Ortiz Marrero había apoyado a Nicanor Boluarte en el establecimiento de los objetivos de la presunta organización criminal que el hermano de la presidenta lideraba; siendo uno de los funcionarios sindicado como colaborador por debajo de las órdenes del abogado.

Una investigación hecha por Infobae Perú reveló que el Mininter, a cargo del ministro Juan José Santiváñez, ha destinado casi 700 mil soles en adjudicar contratos para abogados defensores en favor de exfuncionarios, exministros del Interior, miembros de la Policía del Interior e incluso el titular actual del sector.

Además, el mismo informe confirmó que el monto total invertido por dicha cartera durante la administración de Dina Boluarte asciende a 1′421.570 soles, de los cuales 751.570 soles fueron destinados únicamente para la contratación de abogados para el ministro actual.

Los exministros del Interior: Carlos Basombrío, Víctor Torres Falcón, Ismael Vargas Céspedes, y Victor Rojas Herrera, en casos diversos que van desde delitos contra la administración pública -como negociación incompatible-, denuncias constitucionales e incluso genocidio.

Fuentes al interior de la Comisión de Fiscalización del Congreso señalaron a Infobae Perú que pese a que el requerimiento de abogados es legal, los hechos de corrupción y actos tan graves como el homicidio calificado no son parte de las funciones de un servidor público o ministro en funciones, por lo que debería revisarse su aplicación.