¿Todo el Callao en estado de emergencia?: Alcaldes exigen al Ejecutivo extender medida en toda la provincia constitucional

Desde el Callao le exigen al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que toda la provincia constitucional sea incluída en el estado de emergencia decretado por 60 días en busca de frenar la ola de extorsiones y recuperar el orden público.

A través del Decreto Supremo Nº 100-2024-PCM, el Ejecutivo oficializó la medida en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla.

Sin embargo, los alcaldes —y vecinos— de La Perla y Bellavista piden ser incluídos en el estado de excepción al ver que el crimen organizado se ha apoderado de las calles del primer puerto y la Policía Nacional del Perú (PNP) poco puede hacer para enfrentarse a la inseguridad.

“Me dijo que lo van a evaluar el viernes que viene (4 de octubre) en el Consejo de Ministros. Una de las necesidades primordiales que necesita Bellavista es que haya más efectivos policiales y que se intervengan a las motos lineales”, agregó.

Por su parte, el alcalde de La Perla, Rodolfo Adrianzén, exhortó al Ejecutivo que le explique a la ciudadanía cuál será el siguiente paso una vez que el estado de excepción culmine. “¿Qué va a pasar el día 61?”, mencionó al referido medio.

En esa misma línea se encuentran los vecinos del Callao, quienes se vienen manifestando desde hace días para que no solo haya estado de emergencia en la provincia constitucional, sino que también se instaure el toque de queda en busca de reducir la ola de violencia que reina en sus seis distritos.

Estas son las disposiciones por 60 días en los 14 distritos de Lima y Callao:

• Durante el estado de emergencia se tendrá restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
• En el segundo artículo, se precisa que la intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas  se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, el cual  establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el territorio nacional.
• Asimismo, se anuncia que tendrán un “protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.
• Tras culminar con el estado de emergencia, la PNP deberá presentar un informe al Ministerio del Interior dentro de los cinco días hábiles posteriores a la disposición. Este deberá contar con los detalles de las acciones que se realizaron y los resultados obtenidos.
• El Decreto Supremo establece que las acciones contempladas serán financiadas con el presupuesto ya asignado a las instituciones pertinentes. Además, se ha autorizado la asignación de recursos adicionales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar la implementación efectiva de estas acciones.