Perú Libre presenta proyecto de ley que limita la prisión preventiva

Desde la Comisión de Justicia, la bancada del prófugo líder de Perú Libre ha presentado varias iniciativas que atentan contra la administración de justicia y la autonomía del Ministerio Público

Si se aprueba la propuesta del segundo vicepresidente del Congreso, quienes estén siendo investigados por estafa, peculado de uso o malversación no podrán cumplir prisión preventiva. Foto: Congreso

El congresista Waldemar Cerrón, del partido Perú Libre, ha presentado un nuevo proyecto de ley (09021/2024-CR) que busca modificar varios artículos del Código Procesal Penal, específicamente aquellos relacionados con los requisitos para dictar prisión preventiva en casos de investigación judicial. La iniciativa, que fue ingresada al Congreso el pasado 26 de septiembre y cuenta con el respaldo de los otros integrantes de la bancada de su bancada: Flavio Cruz, Kelly Portalatino, Américo Gonza, Isaac Mita y María Agüero.

El cambio propuesto por Cerrón redefine uno de los elementos esenciales para aplicar la prisión preventiva, estableciendo que esta medida solo podrá ser dictada cuando la prognosis de la condena, es decir, la pena esperada en caso de que el acusado sea hallado culpable, sea superior a seis años de cárcel. Esto representa un ajuste significativo respecto a los criterios actuales, lo que podría reducir el uso de la prisión preventiva en investigaciones donde las penas previstas no alcancen ese umbral.

Nuevo intento de los hermanos Cerrón Rojas para detener su investigación por organización criminal. Foto: composición Infoabe

La prisión preventiva ha sido objeto de críticas y controversias en los últimos años debido a su aplicación en investigaciones, especialmente las que involucran a políticos y empresarios. Los defensores de la reforma argumentan que ayudará a evitar el abuso de esta medida cautelar, utilizada muchas veces como castigo anticipado. Sin embargo, los críticos temen que esta modificación facilite la impunidad y la evasión de la justicia, especialmente en delitos graves como corrupción, donde las penas podrían no alcanzar el umbral de seis años.

Cabe precisar que, si este proyecto es aprobado, no podría solicitarse prisión preventiva para los involucrados en casos de estafa, que se sanciona con penas de 1 a 6 años; de colusión, con penas no menor de tres ni mayor de seis; de patrocinio ilegal, que tiene una pena no mayor de dos años; de peculado de uso, con una sanción de dos a cuatro años; o de malversación, que tiene una condena de uno a cuatro años.

Como se recuerda, el hermano de Waldemar Cerrón, Vladimir fue sentenciado a 3 años y 6 meses de cárcel por el delito de colusión en el caso ‘aeródromo wanka’. Cerrón Rojas se encuentra prófugo desde que el Poder Judicial lo condenó en octubre de 2023.

Iniciativas de Perú Libre

No es la primera vez que Perú Libre impulsa normas que atentan contra el sistema de justicia y la autonomía del Ministerio Público. La polémica modificatoria a la ley de crimen organizado fue iniciativa de Américo Gonza, quien en ese entonces era presidente de la Comisión de Justicia.

Una vez que esta norma se aprobó, Waldemar y Vladimir Cerrón, y el congresista José Luna, pidieron que sea aplicada en los procesos que se les sigue en el Poder Judicial para que ya no sean investigados por organización criminal. Las salas que los investigan rechazaron su solicitud.

El congresista Américo Gonza cuestionó el presupuesto que gasta la Fiscalía en los allanamientos| Andina

Desde este grupo de trabajo, la bancada ha presentado proyectos de ley que además de beneficiar a Vladimir Cerrón, atentan contra el trabajo del Poder Judicial y el Ministerio Público. Por ejemplo, antes del inicio de la segunda legislatura, se aprobó el dictamen que aprobaba la modificación de las faltas graves y muy graves para jueces y fiscales.

La norma establece sanciones para aquellos funcionarios que ordenen detenciones arbitrarias a raíz de un pedido de prisión preliminar o preventiva, sin contar con el sustento adecuado.

Pese a que, los congresistas argumentaron que el objeto de este proyecto es defender la libertad de la persona y solo plantea la sanción para aquellos magistrados que actúen “negligentemente”, podría considerarse un acto de coacción contra los administradores de justicia. La norma resulta cuestionable, si se tiene en cuenta que muchos tienen investigaciones judiciales pendientes.