El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció una serie de medidas para reestructurar el Sistema Penitenciario del país con el objetivo de reforzarlo. Durante la última sesión del Consejo de Ministros, se aprobó una norma para modificar el Instituto Nacional Penitenciario y otra que regula las obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones en penales y centros juveniles.
Arana destacó que, con estas nuevas normas, se logrará un control total de las llamadas tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. Además, señaló que se emitieron normas relacionadas con la vigilancia electrónica y la evaluación semestral de las prisiones preventivas ordenadas por el Poder Judicial, lo que contribuirá a erradicar el hacinamiento en los penales y a combatir la criminalidad organizada.
Asimismo, el ministro también resaltó el trabajo de la Defensa Pública en las Unidades de Flagrancia, que ha realizado más de un millón de intervenciones este año. Para mejorar la participación de los defensores públicos, se han establecido turnos a nivel nacional.
En la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, realizada en Chiclayo y liderada por la presidenta Dina Boluarte, se dispuso que el Programa Nacional de Bienes Incautados asigne aproximadamente 500 vehículos a la Policía Nacional para reforzar su lucha por la seguridad ciudadana.
En esa línea, Arana subrayó que después de mucho tiempo, el gobierno ha implementado una política pública seria y sostenida en materia penitenciaria. Estas acciones buscan no solo mejorar las condiciones dentro de los penales, sino también fortalecer la seguridad en el país.
S/ 3.000 millones para nuevos penales
El anuncio del ministro Arana llega después que el Ejecutivo anunciara la inversión de S/3,000 millones para la construcción de nuevos penales en todo el país. Esta medida fue informada al finalizar la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), según informó el Consejo de Ministros.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, explicó que esta inversión responde al compromiso del Gobierno de combatir la inseguridad ciudadana. Además, se destinarán recursos para reactivar obras penitenciarias que se encuentran paralizadas.
Adrianzén destacó que la presidenta Boluarte ha sido enfática en asegurar que se proveerán los recursos necesarios para equipar a los efectivos de la Policía Nacional del Perú y al Cuerpo General de Bomberos. Esta medida busca fortalecer las capacidades operativas de estas instituciones en su lucha contra la delincuencia y en la atención de emergencias.
Asimismo, la mandataria ha dado instrucciones para trabajar en la identificación de remesas enviadas al exterior con origen ilegal. “Sabemos que gran cantidad de dinero puede ser fuente de actos ilícitos”, agregó Adrianzén, subrayando la importancia de esta medida para cortar el financiamiento de actividades delictivas.
Para la ejecución de estos proyectos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transferirá los recursos necesarios al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta transferencia de fondos permitirá la construcción de nuevos penales y la reactivación de obras detenidas, mejorando así la infraestructura penitenciaria del país.
El anuncio de la construcción de nuevos penales se da en medio de una nueva polémica instalada en el Congreso de la República, en donde la bancada de Honor y Democracia propuso instaurar la pena de muerte para evitar hacinamiento en las cárceles del país.