Guía rápida para congresistas a favor o en contra de la pena de muerte: La CIDH, Corte IDH, SIDH y el Pacto de San José no son lo mismo

La presentación de un proyecto de ley que propone incluir la pena de muerte para delitos como sicariato, secuestro, extorsión o robo agravado, que generen zozobra en la población y causen la muerte de sus víctimas, ocasionó un debate dentro y fuera del Parlamento. Al momento de extender sus posturas, algunos legisladores cayeron en errores, confundiendo los organismos y documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, Infobae Perú optó por hacer una guía rápida explicando las diferencias, funciones y qué pasos deberían hacerse para que la inclusión de la pena capital sea realmente un debate, así como los (largos) plazos.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con la función principal de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Realiza esta labor mediante la recepción y análisis de peticiones individuales y casos, la publicación de informes sobre la situación de derechos humanos en los Estados miembros y la realización de visitas in situ para investigar presuntas violaciones.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

La Corte IDH es un tribunal judicial autónomo creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Su principal función es interpretar y aplicar la Convención, y juzgar casos de violaciones de derechos humanos presentados por la CIDH o por Estados parte de la Convención. Las decisiones de la Corte IDH son vinculantes para los Estados que han aceptado su competencia.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)

El SIDH es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos diseñados para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. Incluye tanto a la CIDH como a la Corte IDH, así como diversos tratados y convenciones, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos regionales sobre derechos humanos.

Pacto de San José

El Pacto de San José, oficialmente conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es el principal tratado regional de derechos humanos en las Américas. Fue adoptado en San José, Costa Rica, en 1969 y establece los derechos y libertades que los Estados parte se comprometen a respetar y garantizar. También crea y define las funciones de la CIDH y la Corte IDH como órganos encargados de supervisar su cumplimiento.

• Funciones: La CIDH investiga y promueve, mientras que la Corte IDH juzga y emite sentencias.
• Naturaleza: La CIDH es una comisión administrativa y la Corte IDH es un tribunal judicial.
• Instrumentos: El SIDH abarca todo el marco institucional y normativo, incluyendo la CIDH, la Corte IDH y tratados como el Pacto de San José.
• Tratados: El Pacto de San José es el tratado fundamental que establece los derechos y crea los organismos para su defensa y protección.

En la actualidad es inaplicable la pena de muerte debido a que el país es signatario del Pacto de San José, que restringe su aplicación. Para evaluarse su ejecución, el Ejecutivo debería denunciar dicho tratado ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y entraría en vigor un año después de la recepción de dicha comunicación.

Luego, el Congreso debería modificar el artículo 140 de la Constitución para ampliar los delitos para los cuales la pena de muerte podría ser aplicada. Al ser una reforma constitucional, se requiere la aprobación de dos legislaturas consecutivas, con una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Este proceso podría durar entre seis meses y un año, dependiendo del calendario legislativo y la rapidez con la que se aborden los debates y votaciones.

Tras llegar a un acuerdo y ser promulgada, se deben implementar leyes específicas que regulen los procedimientos y condiciones para la aplicación de la pena de muerte. Este proceso legislativo podría involucrar múltiples sesiones de comisión y pleno, así como posible revisión por el Tribunal Constitucional, y podría tomar varios meses adicionales.

En resumen, el proceso para que Perú pudiera aplicar la pena de muerte podría tomar un mínimo de dos a tres años: 1 año para que entre en efecto la denuncia del Pacto de San José, 6 meses a 1 año para modificar la Constitución y varios meses adicionales para implementar las leyes internas necesarias.