Ejecutivo propone que efectivos de la PNP y las FF. AA., denunciados por el uso de armas de fuego, sean juzgados por fueros militares

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, anunció que el Poder Ejecutivo busca que personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), y de las Fuerzas Armadas sean denunciados por el uso de sus armas de fuego solo en fueros militares.

Así lo indicó el titular del Mininter en una conferencia de prensa que brindó luego de la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

“Se va a efectuar la propuesta normativa, para que todos los policías y militares, que pudieran ser denunciados como consecuencia del ejercicio de su función, por el uso de sus armas de fuego, sus procesos pasen al Consejo Supremo de Justicia militar, es decir, que no sean vistos por los juzgados civiles, sino por los juzgados militares, ya que estamos hablando de temas referidos al ámbito de la función”, explicó.

De acuerdo con Santivañez, esta medida busca “proteger a nuestro personal policial y militar (...), dentro del ámbito de los derechos humanos”.

Por otro lado, mencionó que el Ejecutivo ha dispuesto que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) entregue “de manera inmediata” aproximadamente 500 unidades, que se encuentran bajo su custodia, a la PNP.

“Faltan los oficios del Ministerio Público, pero ya está el compromiso que en los próximos días todos esos vehículos sean asignados a la policía nacional para la lucha contra la criminalidad”, comentó.

Por su parte, Gustavo Adrianzén destacó que la presidenta Boluarte haya asistido presencialmente a la sesión del Conasec, luego de rumores de una supuesta intervención estética a la que se habría sometido la mandataria.

“Más allá de la inauguración que tuvo al inicio, ha sido muy clara en señalarlos cuál es el compromiso de su Gobierno con la Seguridad Ciudadana”, subrayó.

Durante su intervención, dijo que se destinará 3 mil millones de soles a la construcción de nuevos penales a nivel nacional y a la reactivación de las obras que se encuentran paralizadas.

“Se va a proveer de los recursos necesarios para brindar equipamiento a los efectivos de la Policía Nacional del Perú, y también para el cuerpo general de Bomberos”, aseveró.

Por otro lado, mencionó que la jefa de Estado ha dado la orden al Gabinete de hacer seguimiento al envío de remesas al exterior. “Queremos saber cuál es su origen, de donde proviene, si proviene de fuente ilícita o no. Sabemos que gran cantidad de dinero puede ser proveniente de actos ilícitos y es menester en consecuencia intervenir para que esta situación no continúe”, afirmó.

A pesar de la declaración del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao el pasado 28 de septiembre, las extorsiones a los transportistas urbanos

Los conductores y empresarios del sector siguen siendo víctimas de amenazas y atentados por parte de delincuentes, lo que ha llevado al gremio a considerar una nueva paralización de sus operaciones el próximo jueves 3 de octubre.

En Los Olivos, los conductores de la Ruta B, que conecta este distrito con el Cercado de Lima, han denunciado que continúan siendo intimidados por extorsionadores. Uno de los afectados relató que ha sido encañonado dos veces y que actualmente no está trabajando debido al temor que siente, ya que le exigen un pago diario de 20 soles. “La vida no tiene precio”, expresó el conductor, quien es padre de familia.

El panorama en Comas es similar. Empresas como Ramón Castilla y San Felipe han recibido mensajes de texto exigiendo el pago de cupos para poder operar con tranquilidad. Según los testimonios, las amenazas se han intensificado recientemente, llegando incluso al asesinato de un trabajador del sector antes de que se enviaran las amenazas a todos los empleados.