Poder Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El Poder Judicial dictó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado, quien permanecía detenido por estar implicado en una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos. El juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso que la medida cautelar se compute hasta el 18 de marzo de 2026.

Sin embargo, resolvió que la fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, también investigados en la presunta red corrupta, enfrenten comparecencia con restricciones. Ambos no podrán ausentarse de Lima sin autorización, deberán realizar control biométrico mensual y asistir a citaciones judiciales.

Según la resolución, esta medida “es idónea para enervar el peligro de fuga y asegurar el cumplimiento de las restricciones”, así como “proporcional y razonable”, ya que se adecúa “a las circunstancias personales y podría ser devuelto al finalizar el proceso si es absuelto, sobreseído o no infringe las reglas”.

El juez Checkley valoró lo presentado por la Fiscalía y concluyó que Hurtado no cuenta con arraigo domiciliario, familiar ni laboral. Inicialmente, el presentador declaró vivir en una dirección que figura en su documento nacional de identidad (DNI), pero en la audiencia de control de identidad proporcionó otra residencia, ambas alquiladas en Miraflores.

Actualmente divorciado, Hurtado es padre de dos hijas radicadas en Estados Unidos y una menor en Lima. Aunque presentó el DNI y constancia de estudios de su última hija, la Fiscalía consideró que no hay un arraigo familiar de calidad, ya que no se tiene certeza de que viva con ella.

Por lo demás, su programa fue suspendido “a raíz de la noticia criminal” y Panamericana Televisión anunció la suspensión de su contrato. Además, la empresa Cirtramef S.A.C., donde Hurtado dijo ser gerente de relaciones públicas, también comunicó que no mantiene vínculo laboral con él.

El último lunes, la Fiscalía sustentó el requerimiento de prisión preventiva contra los tres involucrados en una audiencia judicial que se desarrolló durante cuatro horas y media, entre argumentaciones, réplicas y dúplicas.

La fiscal Alejandra Cárdenas detalló una amplia información sobre la supuesta ausencia de propiedades y la falta de vínculo laboral de Hurtado, así como un presunto ocultamiento de pruebas. Añadió que, si la investigación continúa en libertad, tanto el conductor como la fiscal y el empresario podrían tener facilidades para abandonar el país.

Los hechos atribuidos a los imputados se desglosan en tres eventos principales. El primero implica la devolución de oro a la empresa de Miu Lei, en el que se acusa a Peralta de ofrecer influencias ante el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas para que el empresario recupere el oro incautado previo pago de un millón de dólares, entregados eventualmente en la casa del presentador.

Siucho, al conocer los antecedentes, entregó 20 mil dólares, pero al no completar los 100 mil dólares, la investigación se inició. Los fiscales cuentan con el váucher de depósito a la empresa de Hurtado como evidencia, según la resolución.

El abogado Benji Espinoza, defensor de Peralta —actualmente suspendida de su cargo—, destacó la decisión judicial. “No puede haber prisión preventiva porque la prisión no es pena anticipada. Es un importante mensaje de la judicatura porque los jueces están para proteger los derechos, no para seguir el juego a una persecución que no es objetivo”, señaló. Las defensas de Hurtado y Miu Lei no se han pronunciado hasta ahora.