La congresista no agrupada María del Carmen Alva criticó este martes el proyecto de ley presentado por su colega Wilson Soto (Acción Popular), que propone la pena de muerte o cadena perpetua para quienes cometan delitos de extorsión, secuestro, robo agravado o sicariato. La legisladora expresó su desacuerdo con la propuesta, a la que calificó de “populismo barato”.
“No podemos aprobar la pena de muerte. En ningún país donde se aplica la pena de muerte hay resultados que indiquen menos delincuencia. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte y menos en este país, donde va a morir cualquiera menos el que tiene la culpa, como ya ha pasado anteriormente”, añadió.
Alva también destacó que el verdadero problema radica en la gestión y no en la falta de leyes: “Creo que tenemos demasiadas leyes. Esto es un tema de leyes, de gestión, de recursos humanos; un tema para que el Ejecutivo se ponga los pantalones y trabaje, porque todos los peruanos estamos muy preocupados por la inseguridad ciudadana. No se puede trabajar con una coyuntura así”, dijo.
También indicó que, en junio pasado, la Comisión de Justicia aprobó una iniciativa sobre terrorismo urbano para que la pena máxima contra los imputados por estos delitos sea de hasta 30 años de cárcel. Según la Constitución, solo se puede determinar la pena de muerte por los delitos de terrorismo y traición a la patria en caso de guerra.
Debido a estas limitaciones, no se puede utilizar esta medida punitiva para otro tipo de criminales. Además, no se pueden ampliar las causales para que también se use en delincuentes o incluso asesinos, ya que en 1978 el país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Este tratado estipula que Perú, al igual que los demás países que forman parte del acuerdo, no podrá extender la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
En diálogo con Canal N, Soto indicó que el país se debe salir “de una vez por todas” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada por la Convención Americana, porque, bajo su óptica, “no hace más que proteger a los delincuentes”. El parlamentario señaló que países con altos índices de seguridad, como Estados Unidos y Japón, aplican la pena de muerte en casos específicos, lo que demuestra su efectividad como medida disuasoria frente a crímenes graves.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL), por su parte, también se pronunció “enérgicamente” en contra del proyecto de Soto al argumentar que el Código Penal ya contempla penas severas para estos delitos y que la propuesta es inconstitucional y contradice tratados internacionales como el Pacto de San José.
“Enfrentar la ola delictiva no se logra a través de medidas populistas que buscan generar impacto mediático. En lugar de cambiar la nomenclatura de los delitos, como el caso del proyecto del Ejecutivo que busca tipificar delitos como el sicariato y la extorsión bajo el término de terrorismo urbano, es fundamental fortalecer los mecanismos legales y las políticas de inteligencia, así como reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad, como el Ministerio Público y la Policía Nacional”, se lee en el pronunciamiento.
El CAL enfatizó que el país necesita fortalecer la seguridad pública mediante mayores recursos policiales, capacitación, unidades especializadas, políticas de inteligencia criminal y vigilancia tecnológica. También destacó la importancia de programas comunitarios de prevención del delito y educación sobre la denuncia de los mismos. E instó al Congreso a centrarse en políticas efectivas y pidieron una reforma integral del sistema de justicia y penitenciario para enfrentar la crisis de seguridad.
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