Ser el defensor legal del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no significa que coincida con sus medidas para combatir la inseguridad ciudadana. Para el abogado Carlos Caro, la intención del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso para crear la denominación de “terrorismo urbano” se trata de una medida que en la realidad no tendrá un impacto real en favor de la ciudadanía.
Según el especialista en derecho penal, la idea de crear este delito es “un engaña muchachos, un saludo a la bandera”. Además, afirmó que una decisión similar fue tomada por el Congreso durante la presidencia de Alberto Fujimori en el año 1998, pero que esta “no funcionó”.
“En el año 98 se aprobó el decreto legislativo 895 de terrorismo agravado, donde se criminalizaba a las bandas que secuestraban, robaban y cometían delitos graves y se calificó como terrorismo. El año siguiente, se le cambió el nombre por el de terrorismo especial”, indicó el abogado del ministro Santiváñez.
Sin embargo, para el año 2001 -durante la presidencia de Valentín Paniagua- el delito desapareció, “pero días antes el Tribunal Constitucional ya había declarado que varias de estas normas no eran acordes con la Constitución. El 17 de noviembre del 2001, se dictó la sentencia del TC y prácticamente declaró la inconstitucionalidad de casi todos los artículos de este decreto legislativo”, indicó el especialista en derecho penal.
Derogatoria del “terrorismo especial” generó nuevos juicios para sentenciados
Caro también hizo mención a la derogatoria de la norma, tanto de ‘terrorismo agravado’ como de su posterior denominación de ‘terrorismo especial’, que ocurrió en el año 2001. Fue durante el gobierno de Alejandro Toledo que el Congreso promulgó la Ley 27569 que oficializó la extinción de esta tipificación. Sin embargo, esta no fue la única consecuencia.
Según la norma publicada hace 23 años, en su primer artículo, se indica que “todas las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas conforme a las normas previstas en los Decretos Legislativos 895 y 897 (los derogados) serán sometidas a nuevo juicio en el Fuero Común del Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal y el Procedimiento Ordinario del Código de Procedimientos Penales y normas complementarias”
Caro también sostuvo que durante el tiempo en el que estas normas estuvieron vigentes “¿cuál fue el balance? Prácticamente nada. Nada cambió, solo fue un gorro, un nombre con la finalidad de intentar usar la jurisdicción militar, rebajar las garantías penales, las garantías procesales, pero lamentablemente la criminalidad no fue controlada por el solo uso de un nombre, un cliché, un fraude de etiquetas.
En ese sentido, indicó que la propuesta actual, en la que coinciden tanto el Congreso como el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte -respaldado por el Ministerio del Interior- es prácticamente lo mismo, solo se cambiaría el nombre.
“Se habla de terrorismo urbano para calificar delitos comunes que ya están en el código penal como el secuestro, el asesinato, la extorsión, que tienen penas que incluso llegan hasta la cadena perpétua, de manera que cambios en el código penal no necesitamos. Lo que necesitamos es inteligencia policial, inteligencia del Ministerio Público, y eficacia en los procesos penales. Normas tenemos, lo que requerimos es aplicación”, aseguró en un video publicado en sus redes sociales.
“No podemos terruquear a través de las leyes”
Finalmente, el abogado contratado por el Ministerio del Interior para la defensa legal del ministro Santiváñez, sostuvo que “tampoco se puede andar terruqueando a través de las leyes” y resaltó que incluso el Tribunal Constitucional reconoce únicamente como terroristas a quienes tienen la intención de subvertir el orden democrático y tomar el poder por la fuerza.
“Las personas que secuestran, que roba, las personas que están cometiendo criminalidad organizada, no quieren tomar el poder, lo que quieren es tu dinero, privar a la personas de su libertad a cambio de rescates. No quieren convertirse en presidentes, no quieren tomar el Congreso, no quieren tomar las instituciones públicas. Lo que quieren es apoderarse del dinero, del patrimonio de las personas”, aseguró en su publicación.
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