El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que propondrá en la sesión de junta de portavoces de este lunes que se revise la modificatoria o derogatoria de la ley de crimen organizado por, como lo advirtieron diversos especialistas, entorpecer el trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
Salhuana adelantó que espera revisar este tema, así como la aprobación de ley de terrorismo urbano, en el pleno extraordinario del próximo viernes, donde se abordarán propuestas para reforzar la lucha contra la ola de inseguridad que azota el Perú.
“Voy a proponer que discutamos también la modificatoria o derogatoria de la Ley N.º 32108 (Ley de crimen organizado). Hay que corregir básicamente el tema de allanamientos que ha generado problemas, el tema del abogado defensor. Hay que recordar que, el allanamiento siempre se ha utilizado como una herramienta de manera sorpresiva con la finalidad de acopiar elementos de pruebas contra los delincuentes y creo que aquí tiene que primar el interés colectivo”, indicó.
Entorpecen operativos
Los recientes cambios a la Ley del Crimen Organizado, aprobados por el Congreso, están comenzando a generar obstáculos en el trabajo de las fuerzas del orden.
Como se recuerda, tras la aprobatoria de la norma, los medios de comunicación alertaron sobre el retraso de las diligencias de allanamiento, ya que los fiscales y efectivos de la PNP debían esperar a que se apersone el abogado del investigado para iniciar el operativo.
Por ejemplo, esto ocurrió durante el allanamiento a los inmuebles de Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Miu Lei, investigados por una presunta red de tráfico de influencias. Luego que el Poder Judicial ordenara el operativo, los fiscales esperaron al rededor de dos horas que un representante del estudio de Elio Riera, quien defiende a Hurtado, se apersone a la vivienda.
Y como olvidar el frustrado allanamiento en el Callao durante el megaoperativo ‘Tormenta 2024′, realizado el pasado 6 de setiembre. Esta intervención, que tenía como objetivo desarticular una presunta banda criminal dedicada al robo de objetos de valor y mercadería transportada en camiones desde el terminal portuario, no pudo concretarse plenamente debido a los nuevos requisitos legales.
Incluir más delitos
Salhuana también dijo que debían revisarse los delitos que se excluyeron tras la modificatoria, como el secuestro, asalto, extorsión, entre otros que atentan contra la seguridad pública. Precisamente, en una entrevista a Punto Final, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano anunció que gremio pedirá al gobierno la derogatoria de esta norma.
Como se recuerda, en las últimas semanas, los transportistas han denunciado ser víctimas de extorsionadores, quienes les exigen el cobro de un cupo para dejarlos trabajar. Los atentados contra las empresas de transporte ya cobraron la vida de cuatro chóferes y convocaron a una movilización que paralizó Lima, el último 26 de setiembre.
“Y el segundo, el tema de la definición. En la definición, lo que ha hecho es excluir un conjunto de ilícitos penales. Esos son los temas que creo que hay que revisar, discutir. Y yo voy a plantear el día de hoy que convoquemos a especialistas, de tal manera que para el día viernes, que puede ser este pleno extraordinario (...) Obviamente, no podemos esperar más, pero necesitamos normas que sean más formuladas, bien reflexionadas”, agregó.
Trabajo conjunto
Salhuana también exhortó a la presidenta Dina Boluarte a convocar a un Consejo de Seguridad del Estado, con el objetivo de trabajar con las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, las estrategias para mejorar la lucha contra la delincuencia
“Además de ello, creo que hay que movilizar, tenemos que fortalecer la Policía Nacional, ver el tema del Ministerio Público y el Poder Judicial. Y para eso, yo sugiero a la presidenta de la República, de manera respetuosa, que se convoque al Consejo de Seguridad del Estado, para ver con las demás autoridades, como afinamos la labor de todos los entes vinculados a la administración de justicia y la persecución del delito”, declaró.
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