El expresentador Andrés Hurtado sigue detenido en la sede de la Prefectura de Lima desde el pasado 22 de septiembre. La medida responde a la solicitud del despacho del fiscal supremo Alcides Chinchay, quien ha requerido la imposición de 18 meses de prisión preventiva para Hurtado en el marco de una investigación preliminar que involucra presuntas actividades ilícitas de tráfico de influencias.
Ante esto, el Poder Judicial está evaluando la solicitud, mientras se ordenaron nuevas diligencias judiciales, incluida la revelación de información financiera de los implicados. Dicha investigación no solo involucra al popular ‘Chibolín’, sino también a la exsuperintendente nacional de Migraciones, Roxana del Águila, y a otros funcionarios, en relación con el trámite gestionado en 2019 para que el futbolista Roberto Siucho renunciara a su nacionalidad peruana para continuar su carrera deportiva en China.
Uno de los últimos pasos dados por la justicia ha sido la aprobación del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria tanto al actor cómico como de del Águila. Esta medida permitirá a las autoridades revisar las cuentas financieras de los investigados, buscando rastros de posibles transacciones irregulares que podrían evidenciar la existencia de pagos o beneficios.
Ante ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó que las entidades bancarias públicas y privadas, así como las instituciones financieras, remitan información detallada de las cuentas de los investigados, incluidas cuentas de ahorro, crédito, corrientes o mancomunadas, con un análisis de movimientos como depósitos, retiros y transferencias entre diciembre de 2019 y agosto de 2020.
Además de la información bancaria, se ha ordenado a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que proporcione toda la documentación tributaria correspondiente a este periodo. Estas medidas buscan identificar si los involucrados presentaron un aumento injustificado en su patrimonio, lo que podría reforzar las sospechas de tráfico de influencias.
¿Qué se investiga?
El proceso de renuncia a la nacionalidad peruana de Roberto Siucho, ocurrido en 2019, ha sido el eje de la investigación preliminar en la que Andrés Hurtado y otros funcionarios están implicados. La renuncia a la nacionalidad de un deportista es un trámite migratorio poco común, y la rapidez y el manejo del caso despertaron sospechas en las autoridades, especialmente porque el futbolista necesitaba este cambio para poder continuar su carrera en China, donde las normativas restringen la cantidad de jugadores extranjeros en los equipos locales.
El Ministerio Público investiga si Hurtado, a través de su relación con funcionarios de alto rango, pudo haber influido de manera indebida en el proceso de renuncia de Siucho, usando su posición para favorecer el trámite y recibir beneficios económicos o favores a cambio. La investigación se ha extendido también a otros presuntos involucrados, como la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, quienes habrían actuado en complicidad para facilitar el trámite migratorio.
La situación legal de Andrés Hurtado
El futuro legal de Andrés Hurtado depende ahora de la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien está revisando la solicitud de 18 meses de prisión preventiva presentada por el fiscal Alcides Chinchay. La Fiscalía considera que existen suficientes indicios de que Hurtado podría haber estado involucrado en actos de corrupción, por lo que el pedido de prisión preventiva busca asegurar su presencia durante el desarrollo del proceso judicial y evitar una posible fuga o interferencia en las investigaciones.
La situación legal del cómico representa uno de los desafíos más graves que ha enfrentado. De dictarse la prisión preventiva, podría estar encarcelado mientras continúan las investigaciones y se recopilan más pruebas en su contra. Mientras tanto, el levantamiento del secreto bancario y tributario será clave para determinar si hubo transacciones sospechosas que refuercen las acusaciones de tráfico de influencias.
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