En Perú, la conmemoración de los 100 años de la legalización del aborto terapéutico revela una realidad preocupante: la ley no se aplica de manera equitativa. Según datos del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), solo el 6% de las menores de 15 años que sufrieron violación sexual accedieron a un aborto terapéutico en la última década. Esta cifra pone en evidencia las serias barreras que persisten para que muchas víctimas puedan acceder a este procedimiento.
Esthefany Chávez, vocera de la Asamblea Verde, destacó la falta de conocimiento entre médicos y enfermeras sobre el protocolo de aborto terapéutico. Esta falta de información y capacitación en el personal de salud es uno de los principales obstáculos que enfrentan las menores víctimas de violación sexual.
En una reciente movilización, activistas feministas exigieron al Congreso de la República y al Gobierno que cumplan con la ley que despenaliza el aborto terapéutico. Informaron que el 96% de las menores violentadas son obligadas a dar a luz sin la posibilidad de acceder a este procedimiento, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de estas jóvenes.
Para visibilizar esta problemática, mañana 28 de septiembre se llevará a cabo la marcha 28S, que partirá del Parque Washington a las 3 de la tarde. El objetivo de esta movilización es luchar por los derechos de las mujeres y el acceso universal al aborto terapéutico.
Además, se presentaron un total de 25 proyectos relacionados con la seguridad ciudadana, cuyos dictámenes deberán ser emitidos por las comisiones de Defensa, Economía y Descentralización. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra cuestionó las modificaciones aprobadas por el Congreso respecto a la ley de crimen organizado.
En otro ámbito, un expresidente utilizó sus redes sociales para cuestionar la postura de la militancia naranja, quienes solicitaron la presencia de autoridades para abordar temas de interés nacional.
El derecho a decidir
Hace treinta años, en 1994, la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo marcó un hito al incluir por primera vez el concepto de derechos reproductivos en un documento oficial de las Naciones Unidas, resalta Susana Chávez, especialista en salud pública y derechos sexuales y reproductivos, en una columna de Promsex.
Este evento, respaldado por más de 170 países, aprobó un Plan de Acción que reconocía el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su reproducción, transformando así las políticas públicas de población y desarrollo.
El reconocimiento de los derechos reproductivos no fue un logro aislado. Según Promsex, este avance fue precedido por al menos tres décadas de activismo feminista y el desarrollo de investigaciones sociales y buenas prácticas impulsadas por organizaciones no gubernamentales. Estas ONG demostraron cómo la desigualdad de género afectaba la vida de mujeres, niñas y adolescentes, y cómo las normas sociales que imponían cargas desproporcionadas limitaban el potencial de vida de al menos la mitad de la población.
Desde entonces, se han producido cambios significativos en varios aspectos. Las muertes maternas han disminuido, más mujeres pueden decidir cuántos hijos tener, y existen políticas e instituciones que combaten las violencias de género. Además, se han logrado avances sustantivos en el acceso a la educación y en las oportunidades laborales, transformando las actividades económicas de las mujeres. También ha habido un mayor reconocimiento de la participación de las mujeres en la política y en la toma de decisiones.
Sin embargo, estos avances no representan una igualdad completa. Según Promsex, amplios sectores de la población, especialmente mujeres, aún no ven reconocidos sus derechos y enfrentan situaciones de desigualdad. La lucha por la igualdad de género y los derechos reproductivos continúa siendo una tarea pendiente en muchos aspectos.
El aborto terapéutico en Perú, que cumple cien años desde su legalización, es un tema central en la discusión sobre los derechos reproductivos. A pesar de su legalidad, el acceso a este derecho sigue siendo limitado y enfrenta numerosos obstáculos. Las barreras incluyen la falta de información, el estigma social y la resistencia de algunos sectores de la sociedad y del sistema de salud.
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