Hasta 15 años de prisión por agredir a policías: Patricia Juárez busca elevar penas para garantizar el respeto a la PNP

La parlamentaria presentó el proyecto de ley luego que la presidenta Dina Boluarte le pidiera al Legislativo que debata, de manera inmediata, la modificación del código penal para incorporar el delito de terrorismo urbano

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Fujimorista consideró que le faltaron
Fujimorista consideró que le faltaron el respeto durante la entrevista. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En busca de garantizar el respeto a la autoridad, desde la bancada de Fuerza Popular propondrán reformar el Código Penal para asegurar que las agresiones contra los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) sean castigadas duramente.

Así lo indicó la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, quien se pronunció al respecto luego de que el gobierno de Dina Boluarte le pidiera al Legislativo que debata, de manera inmediata, el proyecto de ley que modifica el código penal para incorporar el delito de terrorismo urbano.

“Es momento de endurecer las penas, de demostrar a la delincuencia que no van a poder con nosotros”, señaló la mandataria desde la región de Piura.
La congresista Patricia Juárez pidió
La congresista Patricia Juárez pidió a la presidenta Dina Boluarte que se declare a Lima Metropolitana en Estado de Emergencia y se disponga la intervención del Ejército para apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra el crímen. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Agencia Andina)

Reformas propuestas

Entre las reformas que plantea la parlamentaria de Fuerza Popular, destaca un aumento en las penas para aquellos que agredan o resistan a la autoridad policial. También se establece que las lesiones leves cometidas contra efectivos policiales serán sancionadas con penas de entre ocho y catorce años de prisión. Además, se quiere garantizar la protección legal que necesitan en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se dio a conocer la intención de incluir un nuevo artículo en la legislación que sanciona con penas de cinco a diez años a aquellas personas que impidan el trabajo de los policías a través de actos violentos. Esta medida busca proteger la labor de las fuerzas del orden y garantizar la seguridad pública.

Cabe resaltar que, en situaciones donde estas agresiones causen lesiones graves o, en el peor de los casos, la muerte, las penas se endurecerían, alcanzando hasta un máximo de quince años de prisión. Esta reforma subraya la importancia de un entorno seguro para el ejercicio de la justicia y el respeto a la autoridad.

PNP patrulla 14 distritos de
PNP patrulla 14 distritos de Lima y Callao durante el estado de emergencia. (Foto: Mininter)

Antecedentes

Durante la presentación de un nuevo proyecto de ley, la congresista Juárez enfatizó la necesidad urgente de abordar el debilitamiento de la autoridad policial, una situación que se ha intensificado debido al Acuerdo Plenario 001-2016 de la Corte Suprema.

Este acuerdo despenaliza ciertos actos de violencia y resistencia contra los agentes del orden, lo que ha generado un clima en el que muchos ciudadanos se sienten con la libertad de desafiar y agredir a los policías sin temor a repercusiones legales. Esta problemática no solo afecta la moral de los efectivos, sino que también pone en riesgo la seguridad pública.

En esa línea, la legisladora naranja destacó una tendencia preocupante entre jueces y fiscales, quienes a menudo liberan a los agresores sin imponerles el castigo adecuado. Esto crea un círculo vicioso que desincentiva la autoridad policial y fomenta la impunidad.

“Es fundamental que nuestros policías cuenten con el respaldo que merecen para cumplir su labor de proteger a la ciudadanía. No podemos permitir que se sientan desprotegidos o intimidados en su trabajo”, afirmó Juárez.

Por último, argumentó que su proyecto representa un paso decisivo para restaurar la confianza en la policía, garantizando así la seguridad y el orden público. Además, busca reforzar el respeto hacia aquellos que arriesgan sus vidas para mantener la paz en las comunidades, asegurando que cuenten con el apoyo necesario para desempeñar su labor de manera efectiva.

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