El Ministerio del Interior realizó un megaoperativo en los penales del país, liderado por el ministro Juan José Santiváñez. La acción se realizó como parte de una estrategia para combatir la extorsión y otros delitos organizados dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, la exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rosa Mavila, cuestionó la ejecución de este accionar, poniendo en duda su eficacia y señalando errores fundamentales en su desarrollo.
Según la especialista, el operativo se comunicó con antelación, lo que para ella contradice las normas básicas de cualquier intervención de este tipo. La exfuncionaria, con años de experiencia en el ámbito penitenciario, explicó que una requisa no debe ser anunciada. “Cuando se avisa, los internos tienen tiempo de ocultar lo que desean esconder, ya sean drogas, armas o teléfonos celulares”, afirmó durante una entrevista con Exitosa. A su juicio, los internos organizan entre ellos una red de alertas para proteger sus pertenencias ilícitas, trasladando los objetos prohibidos a otros espacios o escondiéndolos en lugares inusuales, como sistemas de desagüe.
Fallos en la metodología del operativo
El megaoperativo del Ministerio del Interior fue ejecutado en 68 penales a nivel nacional, lo cual para Mavila representa otro error. Ella sostiene que la requisa debe hacerse de manera selectiva y focalizada, pues al abarcar todo un penal o varios a la vez, se permite que los internos alerten a sus compañeros de los otros pabellones. “Los internos, cuando saben que se está requisando en el Pabellón 1, gritan para advertir a los demás”, indicó, destacando que las requisas en toda una prisión permiten que los internos movilicen rápidamente sus objetos prohibidos.
La exjefa del INPE también consideró que el operativo del 27 de septiembre, liderado por el ministro Santiváñez, responde más a una función simbólica y política que a una efectiva estrategia de seguridad. “Es para un uso político, nada más”, sostuvo, añadiendo que este tipo de intervenciones masivas suelen ser utilizadas para demostrar públicamente que se están tomando medidas, pero que no garantizan resultados efectivos en términos de incautaciones. Puso como ejemplo su propia experiencia en el penal de Sarita Colonia, donde en una requisa bien planificada lograron confiscar no solo teléfonos y drogas, sino también una barreta y pequeñas armas escondidas dentro de figuras de cerámica que los mismos internos trabajan en los talleres.
Críticas a la estrategia de seguridad penitenciaria
Rosa Mavila indicó que las requisas penitenciarias deben seguir un procedimiento técnico y riguroso, ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales del INPE (GOES), y no por la policía. Explicó que las operaciones de este tipo requieren de una planificación reservada y la presencia de un fiscal para que se registre un acta de lo incautado, detallando qué objetos se encontraron y a qué internos pertenecen. También aseguró que, ese control es crucial para evitar la proliferación de delitos dentro de los penales y para garantizar la legalidad del proceso.
El megaoperativo se realizó en un contexto en el que la criminalidad organizada se extiende más allá de las fronteras. Hizo hincapié en que las redes de delincuencia transnacional, como el Tren de Aragua, están utilizando las prisiones como centros de operación, por lo que consideró fundamental una coordinación internacional para enfrentar estos problemas. Sostuvo que las políticas de seguridad penitenciaria necesitan un enfoque más especializado y con mayores recursos, algo que el INPE no tiene en la actualidad.
“Por ejemplo, ahora que la criminalidad organizada es transnacional y debemos abordarla de esa manera, es fundamental tener una coordinación internacional con el FBI y con las entidades correspondientes en cada país que se encarguen de seguir el rastro de estas actividades. Aprovechándose del tráfico de migrantes, como resultado de la migración forzada en la que nos encontramos en una segunda ola, estos grupos también intentarán introducir actores de alta peligrosidad en el crimen organizado”, añadió la experta.
Objetos incautados durante el operativo
En el penal Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho, el personal del GOES-INPE encontró diversos objetos prohibidos, como teléfonos celulares y cargadores. El Ministerio del Interior indicó que estos operativos buscan identificar a internos involucrados en actividades delictivas y confiscar los instrumentos utilizados para cometer estos crímenes.
El viceministro de Justicia, Juan Alcántara, el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe, y el presidente del INPE, Javier Llaque, también participaron en la supervisión del operativo, ratificando el compromiso del gobierno por seguir implementando estas medidas en el futuro.
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