Gobierno de Dina Boluarte aprobó más gasto en abogados para el Mininter que cualquier otro presidente en los últimos 10 años

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte se convirtió, por una amplia diferencia, en la administración que ha destinado más dinero en la contratación de abogados para defender a ministros, exministros, y funcionarios del Ministerio del Interior; además de miembros de la Policía Nacional del Perú, en acusaciones diversas que van desde faltas administrativas, a delitos más complejos como tortura y homicidio calificado.

Una investigación publicada por Infobae Perú, reveló que la administración de Dina Boluarte destinó 1,4 millones de soles (S/1′421,570) en abogados defensores contratados por el Ministerio del Interior.

Sin embargo, un análisis hecho por este medio, basado en los recursos destinados a este fin desde la creación de la Ley del Servicio Civil -que hace posible estas contrataciones- en el año 2013; revela que este monto es superior a comparación de los gobiernos de los cinco expresidentes en los que esta norma estuvo vigente: Pedro Castillo, Francisco Sagasti, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala.

Datos a los que accedió Infobae Perú sobre las contrataciones de “servicios especializados de asesoría y defensa legal” a favor de personas investigadas y acusadas por haber cometido diversos delitos, indican que el segundo presidente que destinó más recursos a estos fines fue Pedro Castillo (S/ 694,000), seguido por Martín Vizcarra (S/ 217,000) y Pedro Pablo Kuczynski (S/ 160,658.77).

Por otro lado, los gobiernos que menos dinero invirtieron por este motivo son los de Ollanta Humala (S/ 39,200) y Francisco Sagasti (S/ 35,000). Sin embargo, en el caso del expresidente Humala también se debe considerar que fue durante su administración (2011 - 2015) que se creó la norma que permite a los funcionarios de ministerios y miembros de la PNP acusados de cometer delitos, solicitar que el Estado sea quien corra con los gastos de su defensa legal ante los órganos de justicia sin importar cuáles sean las acusaciones en su contra. La norma no plantea excepciones que permitan denegar estos pedidos.

En conversación con Infobae Perú, la congresista de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Peru, Susel Paredes, se mostró indignada por el monto que el Ministerio del Interior ha designado para que el abogado Carlos Caro (Estudio Caro & Asociados) asuma la defensa legal del actual titular del sector, Juan José Santiváñez, que asciende a 270 mil soles por casos como negociación incompatible y abuso de autoridad.

Sobre los 2.5 millones de soles que el Mininter adjudicó como pago a diferentes estudios de abogados y particulares para la defensa legal de acusados por corrupción y otros delitos, la congresista se mantuvo en la misma postura: la contratación de defensores legales por crímenes como homicidio calificado e incluso tortura no puede ser asumida con dinero público. “Me parece un escándalo. Por eso es que ya estamos casi por la mitad del proyecto de ley”, afirmó.

Lo indicado por la congresista Paredes coincida con la opinión de una fuente al interior de la Comisión de Fiscalización del Congreso consultada por Infobae Perú. Pese a que el requerimiento de abogados es legal, los hechos de corrupción y actos tan graves como el homicidio calificado no son parte de las funciones de un servidor público o ministro en funciones, por lo que debería revisarse la aplicación de esta normativa aún vigente.

Por su parte, el congresista de la bancada Honor y Democracia; y presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto, indicó en conversación exclusiva con Infobae Perú, que está de acuerdo con que el Estado corra con los gastos de la defensa legal de sus funcionarios, pues de lo contrario “nadie va a meterse a trabajar al sector público”.

Pese a que esto es cierto y el dinero debe ser devuelto al Estado en estos casos, Cueto también consideró que los montos asignados para la defensa legal de funcionarios, agentes de la PNP, ex ministros del Interior e incluso el actual ministro, en los últimos dos gobiernos (Dina Boluarte y Pedro Castillo) son un indicador de que “tienen un sesgo hacia los problemas de corrupción y que cada día se descubren más personalidades públicas metidas en problemas. Como existe la ley, piden que les asignen un abogado”.

En ese sentido, Cueto sí se mostró a favor de revisar la norma para que se establezca un límite máximo de dinero que se pueda pagar por motivos de la defensa legal de un funcionario público.