La presidenta Dina Boluarte ha ordenado al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Luis García Barrionuevo, monitorear a sus opositores bajo la justificación de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, según un informe difundido el último viernes en Hildebrandt en sus Trece.
De los S/30 millones transferidos por el Gobierno, una parte significativa se utilizará para comprar equipos de interceptación de comunicaciones y ampliar la “planilla negra”, dijeron fuentes internas al semanario de investigación. Con este nuevo presupuesto, la DINI tiene ahora el doble de dinero que la Policía Nacional (PNP) para las labores de inteligencia de todas sus unidades.
El monto, ya depositado, ha generado controversia dentro de la entidad, con el director de inteligencia, Wilson Hernández Silva, y el director de contrainteligencia, Luis Baxerias Vukanovich eludiendo responsabilidades sobre su administración. “Lo que ha pedido la presidenta está al límite de la ley y nadie quiere asumir la responsabilidad”, afirmó un informante citado en el reportaje.
El exoficial de policía Iván Kamisaki Sotomayor, ahora jefe del gabinete de asesores de la DINI, habría sido clave en estas operaciones. Kamisaki, conocido por su implicación en la vigilancia de periodistas y opositores durante el gobierno de Ollanta Humala, enfrenta una acusación pendiente por compra irregular de equipos de inteligencia en 2012.
La DINI planea destinar parte del dinero a la compra de módulos adicionales para equipos Cellebrite, adquiridos durante la administración de Pedro Castillo, que permiten interceptar comunicaciones de WhatsApp y Telegram. El semanario conoció que Boluarte instruyó al jefe de la DINI reportar los movimientos de las personas que quieren “desestabilizar” al Ejecutivo.
De acuerdo con la legislación, las compras de Inteligencia están bajo la supervisión del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el contralor general, César Aguilar, y el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto, quien ha sido señalado por “encubrir irregularidades”, según el coronel retirado Christian Schambaher.
Recordó que Cueto promovió una ley que otorga a la DINI amplias facultades sobre otras instituciones de inteligencia, excepto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), lo que ha levantado críticas sobre la falta de transparencia y fiscalización en el uso de estos fondos millonarios.
“Él puede pedir explicaciones sobre en qué se gastarán los S/ 30 millones que el gobierno le ha dado a la DINI. Es su obligación, pero al parecer no le interesa. Cueto hizo lo mismo cuando se enteró de que Vladimir Cerrón era el ‘agente Montaña’ o cuando se supo de los vínculos del exjefe de la DINI, José Luis Fernández, con los prófugos del gobierno de Castillo. La narrativa de Cueto siempre fue la misma: ‘No puedo dar mayores detalles por ser un tema reservado’, ‘Ya hemos pedido los informes’, ‘No vemos nada irregular, todo está bien’”, dijo Schambaher.
Para el especialista, hace falta una nueva ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la DINI. “La que tenemos es del 2012, está totalmente desfasada y se presta a los intereses del gobierno de turno”, apuntó.
A inicios de septiembre, el semanario reveló que Boluarte ordenó a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior vigilar a la exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, luego de que esta solicitara una reunión para advertir sobre presuntos malos manejos en obras de infraestructura. La vigilancia, realizada por un equipo policial, incluyó el seguimiento de Pérez de Cuéllar durante varios días y reportó al menos una reunión con el expremier Alberto Otárola.
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