El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, anunció a través de sus redes sociales que propondrá adelantar el debate sobre la ley de terrorismo urbano en el Pleno para el próximo martes 1 de octubre. Esta medida responde al incremento de la inseguridad y el crimen organizado en todo el país.
De acuerdo con su publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la decisión surgió durante la reunión que sostuvo hoy, sábado 28 de septiembre, con los gremios de transporte de Lima y Callao. Además, indicó que se discutirán las iniciativas de ley en materia de seguridad ciudadana.
“¡Juntos contra la criminalidad! En respuesta a la alarmante ola de crímenes que afecta a nuestro país, propondré adelantar el próximo Pleno del Congreso al martes 1 de octubre, con el fin de someter a debate el dictamen sobre terrorismo urbano”, se lee en la publicación.
¿Qué delitos serían considerados en la nueva ley?
La propuesta busca modificar el código penal para incorporar el delito de terrorismo urbano. Según el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que está próximo a ser debatido, será considerado culpable de este crimen quien realice “actos típicos que concurran en dos o más delitos”, como sicariato, explotación sexual, secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, minería ilegal y reglaje, entre otros.
Entre los delitos considerados por esta ley están los siguientes:
- Homicidio calificado
- Lesiones graves
- Trata de personas
- Formas agravadas de la trata de personas
- Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
- Promoción y favorecimiento de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
- Gestión de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
- Beneficio de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
- Pornografía infantil
- Esclavitud y otras formas de explotación
- Proxenetismo
- Rufianismo
- Favorecimiento a la prostitución
- Participación en pandillaje pernicioso
- Banda criminal
- Tráfico ilegal de datos personales
- Tráfico ilegal de residuos peligrosos
- Fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos
- Producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros
- Empleo, producción y transferencia de minas antipersonales
- Fabricación, comercialización, uso o porte de armas
- Atentado contra la seguridad común
- Reingreso clandestino o ilegal
- Formas agravadas de usurpación
- Participación en grupo armado dirigido por extranjero
- La conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato
Dictamen está listo
En una reciente reunión virtual con el gremio de transportistas, el titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana, reveló que el dictamen sobre terrorismo urbano ha sido finalizado. Este documento reúne 20 proyectos de ley orientados a enfrentar la inseguridad, poniendo especial énfasis en la extorsión que afecta a este sector.
“Desde el principio de la gestión de esta mesa directiva hemos decidido que los dos temas prioritarios en el Congreso va a ser el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia, y el tema de la reactivación económica. Ya hemos dado pasos al respecto (...) Ya se tiene el dictamen listo: 20 proyectos de ley han sido dictados sobre el tema de terrorismo urbano”, detalló.
Cadena perpetua por terrorismo urbano
La congresista Noelia Herrera, de la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca imponer cadena perpetua para los delitos de extorsión y terrorismo urbano que atenten contra personas, negocios y empresas.
Este proyecto, impulsado por Herrera, propone modificar el artículo 200 del Código Penal e incorporar el artículo 317-C, en el marco de la protección de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución.
“El que, sin perjuicio de su motivación ideológica, mediante actos delictivos provoca, crea o mantiene en un estado de zozobra, alarma o inseguridad a la población o parte de ella, negocios o empresas, será reprimido con pena privativa de la libertad de cadena perpetua”, se lee en el proyecto de ley.
Las disposiciones complementarias establecen que el Ejecutivo debe realizar un estudio de viabilidad que incluya un plan de protección y apoyo psicológico para las víctimas de extorsión y terrorismo urbano, junto con campañas de concientización y la creación de una línea directa de atención. Además, se deberán formar equipos especiales en la Policía Nacional del Perú para abordar esta problemática de manera efectiva.
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