Tacna rechaza traslado de delincuentes a Challapalca: “No somos el basurero del Perú”

Luis Torres, gobernador regional de Tacna, ha expresado su firme rechazo a la ampliación del penal de máxima seguridad de Challapalca y la transferencia de delincuentes de alta peligrosidad a la región. Según Torres, esta medida representa una amenaza para la seguridad de los más de 350 mil habitantes de Tacna y atenta contra la tranquilidad de la ciudad.

La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), a través de su Secretaría General Regional, ha respaldado la postura del gobernador Torres. En un comunicado, la AMPE manifestó su total desacuerdo con el anuncio del ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien dispuso la ampliación inmediata de la infraestructura del penal de Challapalca, ubicado en el límite entre Tacna y Puno.

La finalidad de esta ampliación es albergar a delincuentes sentenciados y procesados por delitos como sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de uso ilegal.

El comunicado de la AMPE exhorta a todas las autoridades, alcaldes, congresistas y al pueblo tacneño a tomar las acciones necesarias para oponerse a esta disposición. La organización considera que la medida representa un atentado a la seguridad ciudadana y amenaza la tranquilidad de la región.

El gobernador Torres enfatizó que Tacna es la cuna del patriotismo y no debe ser considerada el basurero del Perú. La oposición a la ampliación del penal de Challapalca se basa en la preocupación por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Tacna.

La AMPE también hizo un llamado a la unidad y al trabajo articulado para defender la seguridad de la población tacneña. Según la organización, solo a través de la unión y el esfuerzo conjunto se podrán hacer escuchar las voces de los ciudadanos y salvaguardar la integridad de todos.

Wilfredo Pedraza, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), ha respaldado la decisión del Ejecutivo de ampliar el penal de Challapalca debido al grave problema de hacinamiento en las cárceles del país. En una entrevista con Exitosa Noticias, Pedraza destacó que no se ha construido un nuevo centro penitenciario desde 2015, cuando se inauguró el penal de Cerro de Pasco.

Pedraza subrayó que el Perú enfrenta una crisis carcelaria con 67 penales que albergan a casi 97,000 internos, una cifra que supera con creces la capacidad de estos establecimientos. “Nunca habíamos visto el hacinamiento que tenemos en la actualidad”, afirmó. Según el exjefe del INPE, cada una de las cárceles del país tiene una sobrepoblación que oscila entre el 400% y el 500%, lo que impide brindar las condiciones necesarias para cumplir con las condenas de los reos.

El exfuncionario enfatizó la necesidad urgente de construir más penales para aliviar la situación actual. “No existe un solo penal en el país que no tenga un promedio de hacinamiento del 400 o 500 por ciento”, comentó Pedraza. Además, cuestionó si es legítimo usar las cárceles como medio de lucha contra la inseguridad sin seguir las reglas adecuadas. “Se necesita decisión política y capacidad para crear nuevos proyectos penitenciarios en el país”, añadió.

La ampliación del penal de Challapalca, ubicada en una zona remota y de difícil acceso, ha sido una medida controversial, pero Pedraza la considera necesaria para enfrentar el problema de hacinamiento. La falta de infraestructura adecuada no solo afecta la seguridad dentro de los penales, sino también las condiciones de vida de los internos, quienes no pueden acceder a los servicios básicos de manera adecuada.

En su diálogo con Karina Novoa durante el programa “Informamos y Opinamos”, Pedraza reiteró que la construcción de nuevos centros penitenciarios es una prioridad que no puede seguir siendo postergada. La última construcción, el penal de Cerro de Pasco, data de 2015, y desde entonces no se ha avanzado en la creación de nuevas instalaciones.

La situación carcelaria en el Perú refleja una problemática más amplia de gestión y planificación en el sistema penitenciario. La sobrepoblación no solo genera condiciones inhumanas para los internos, sino que también dificulta la labor de los funcionarios penitenciarios y compromete la seguridad de todos los involucrados.

Pedraza concluyó su intervención haciendo un llamado a las autoridades para que tomen medidas concretas y efectivas. “Es imperativo que se tomen decisiones políticas firmes y se desarrollen proyectos penitenciarios que respondan a la realidad actual del país”, finalizó.