Las buenas noticias siempre serán motivo de aliento. Dan un impulso adicional sobre lo que se viene realizando para alcanzar objetivos. Y está bien que se celebren. Sin embargo, con tanto aún por hacer, estaría mejor enfocarse rápidamente en recomponer aspectos que terminarían opacando las buenas noticias recibidas. Más aún, en una coyuntura de descontento social generalizado, asociado a una creciente inseguridad ciudadana y de empresas, que limita el libre desarrollo de negocios y entorpecería la reactivación económica.
Esta semana, la calificadora de riesgo Moody´s ratificó la calificación soberana del Perú de negativa a estable; es decir, mejoró la perspectiva de solvencia de nuestra economía. Dicho ajuste se explicaría en, según la calificadora, un grupo de reformas constitucionales y un entorno político más estable, que ayudarían a restaurar la estabilidad institucional.
Básicamente por la implementación de la Bicameralidad en el Congreso de la República, así como por la reelección de congresistas. Asimismo, hace mención del nivel de deuda pública, uno de los más bajos de la región, y la recuperación de la confianza empresarial de los últimos meses, la cual incidiría en el desempeño económico.
Desde el Ejecutivo, sostuvieron que este hecho representaría el compromiso del Gobierno con la estabilidad económica, la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de sus instituciones. Bombos y platillos que deberíamos tomar con mucha cautela.
La propia Moody´s sostiene que existen factores que llevarían a una rebaja en la calificación. Entre estos, la falta de medidas de política para reducir de manera sostenible el déficit fiscal. Semanas atrás lo mencionamos, el gasto público se amplió para 2024 y 2025. Al mes de agosto persiste un déficit fiscal de 4% del PBI, por cuarto mes consecutivo, cuando la regla fiscal se sitúa en 2.8%. Las estimaciones de crecimiento para 2024 y 2025, en alrededor de 3%, no serían suficientes para financiar los gastos establecidos por el Gobierno.
Recientemente, el propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) expuso que estiman un déficit fiscal de 3.3% para el cierre del año, con lo que nuestro país incumpliría por segundo año consecutivo la regla fiscal. Si bien el BCRP espera que el déficit fiscal retroceda a un 2% del PBI en 2025, siendo la regla fiscal de ese año no mayor a 2.2%, esto se debería a la recuperación de ingresos fiscales asociada a un mayor dinamismo de la actividad económica, como a mayores precios de minerales, entre ellos el cobre.
En los últimos años, nuestro país ha sido fuertemente golpeado por la inestabilidad política e incertidumbre económica. Decisiones e inacciones de Gobierno, así como imprevistos naturales o coyunturas internacionales, han retrasado la recuperación de nuestra economía. Un elemento adicional de los últimos días ha sido la reacción de diversos sectores frente a la delincuencia y el crimen organizado. Flagelo que afecta negativamente la calidad de vida de la sociedad en su conjunto y en el desarrollo de negocios.
Si el Gobierno no actúa de inmediato para asegurar la responsabilidad fiscal ni combatir frontalmente el terror que viene cobrando vidas y cupos a emprendedores y empresarios de todo tamaño, difícilmente lograremos la estabilidad que nos lleve hacia una senda de crecimiento sostenido, de mayores oportunidades para todos, y nos conduzca hacia la reducción de la pobreza.
Las buenas noticias en un escenario como en el que estamos, no durarían mucho. Mucha cautela y sentido de urgencia, es lo que demandamos los peruanos.