Medidas del Gobierno para enfrentar la extorsión y el sicariato “son las de siempre y no van a modificar nada”, afirma especialista

Este sábado 28 de septiembre comenzará a regir el estado de emergencia que dictó el Gobierno de Dina Boluarte para combatir el aumento de casos de extorsión y sicariato en Lima y Callao. Las restricciones a derechos fundamentales durarán 60 días calendario, es decir, hasta el miércoles 27 de noviembre de este año.

Esto involucra a 11 distritos de la capital y uno del primer puerto. La mayoría de ellos se encuentra en la zona norte de la ciudad, que es donde se han reportado la mayor cantidad de estos delitos.

De acuerdo con Enrique Castro Vargas, especialista en seguridad ciudadana y coordinador de proyecto del Taller de Asuntos Públicos, la determinación de las jurisdicciones se ha hecho solamente bajo un criterio de incidencia y no de continuidad.

En consecuencia, hay distritos que han quedado al medio de los que sí tendrán estado de emergencia, como Chaclacayo, que se encuentra entre Lurigancho y Ate; además de El Agustino y Santa Anita, los cuales colindan con San Juan de Lurigancho.

Por otra parte, recalcó que como este tipo de medidas son costosas, es mejor atacar las causas del problema, las cuales están relacionadas con un problema de mercado en el sector transporte.

“En Lima Norte, esto pasa por una desregulación muy grande, en donde participan de estos beneficios generados por el pánico, generados por la extorsión real, empresas piratas o agrupadas, extorsionadores antiguos, o dirigentes políticos que están asociados a determinados sindicatos de transporte”, explicó.

Otro anuncio hecho por el gabinete ministerial de Boluarte fue la propuesta de incrementar las penas para estos delitos. Sin embargo, para el especialista, incluso la cadena perpetua podría resultar contraproducente.

“La extorsión parte en muchos casos desde la cárcel. ¿Por qué ninguno plantea ‘chuponear las cárceles’? Prefieren insistir en lo mismo”, dijo.

El Poder Ejecutivo se ha sumado a los pedidos de congresistas, principalmente de Fuerza Popular, y de alcaldes, como Rafael López Aliaga, de tipificar el delito de terrorismo urbano, para el sicariato, extorsión, el secuestro y la tenencia ilegal de armas.

“Las matanzas, las muertes, las lesiones no son temas personales, son consecuencias de mercado, entonces en la medida que no se ataquen las dificultades del mercado que existen en la actualidad de nuestro país”, mencionó.

“Convocan a los transportistas que son víctimas, pero son los mismos que como Estado ha venido persiguiendo. Convocan a los ambulantes, que son lo mismo que el Estado ha venido confiscando y quitándole cosas. Se convoca a los vulnerables y en riesgos que son los que el Estado ha venido golpeando y que han encontrado en organizaciones territoriales tácticas las garantías y las permisibilidades para ejercer sus derechos o sus libertades. Entonces, mal hace el Estado en insistir en estrategias, que ya ha hecho antes y que no han dado ningún resultado”, agregó.

De acuerdo con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, policías vestidos con el uniforme reglamentario y de civil subirán a los buses de transporte público de forma aleatoria.

Para Enrique Castro Vargas, ya se ha demostrado que si un delincuente quiere hacer daño, lo hará, así esté presente un efectivo de la PNP o un miembro del Ejército.

Por otra parte, el entrevistado de Infobae Perú subrayó que existe una tarea pendiente dentro de la PNP, y es fiscalizar el comportamiento de los policías, debido a que mucha información de las investigaciones se filtra rápidamente, y porque incluso hay efectivos que están vinculados con los mercados criminales, las extorsiones y los robos a viviendas.

“La policía está asociada a muchas relaciones de poder, de favores, pero eso ya sería una mirada más a largo plazo. Pasa más por mirar la casa, por mejorar la conducta policial, antes que por crear nuevos equipos especiales”, comentó en referencia a las nuevas unidades contra la extorsión concebidas por Santiváñez.

El estado de emergencia y las demás acciones anunciadas por el Ejecutivo, desde la perspectiva de Enrique Castro Vargas, es en realidad “una campaña de la industria de la securitización”.

“Lo único que va a atraer esto son compras de más de herramientas o materiales de recursos de control y de persecución, o sea todo ya es mirando al delito cometido. Es un equipo de terrorismo agravado, de terrorismo urbano, para perseguir una conducta que ya ha sido realizada”, explicó.

“Incluso, las lógicas persecutorias no están pensadas para reparar a la víctima, sino que tienen una lógica de venganza, que ya se ha extendido y ni siquiera se cuestiona. La gente quiere más pena, más armas, y no hay en realidad un ánimo de solucionar el problema”, remarcó.

Esta industria de securitización, indica, resulta en encontrar salidas inmediatas o ‘inmediatistas’ con un poco de ‘espectacularización’.

Como se sabe, en el país centroamericano se logró reducir la criminalidad en su nación; sin embargo, su presidente, Nayib Bukele, ha sido señalado de ser un político autoritario al quebrantar su misma constitución para quedarse en el poder. Además, desde diferentes organismos internacionales han denunciado algunas de sus estrategias contra las maras, como por ejemplo, la encarcelación de menores de edad, o la falta de transparencia de su régimen.