Existe un gobierno paralelo: el crimen organizado, aseguran 23 gremios empresariales

Los gremios empresariales de Perú han emitido un comunicado urgente en el que denuncian la creciente influencia del crimen organizado en el país, afirmando que este fenómeno está ganando terreno frente al Estado y afectando gravemente a la sociedad y la economía nacional.

Según el comunicado, el crimen organizado ha establecido un “gobierno en paralelo” que opera en la sombra, socavando la autoridad del Estado y perjudicando a miles de familias y negocios en todo el país. Los empresarios, desde micro hasta grandes, se han unido para exigir al Congreso y al Ejecutivo que tomen medidas contundentes para enfrentar esta amenaza.

El documento destaca que ninguna actividad económica está a salvo de las extorsiones y otros delitos cometidos por estas organizaciones criminales. Sectores como las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares son víctimas diarias de la criminalidad organizada.

Además, el comunicado señala que la minería ilegal ha infiltrado el poder político con dinero ilícito, agravando aún más la situación. Los empresarios instan al Congreso a aprobar con urgencia un proyecto de ley que tipifique los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano, y que endurezca las penas para quienes los cometan. También piden la derogación de la última modificación al Código Penal que, según ellos, ha relajado la persecución del crimen organizado.

Para combatir eficazmente esta amenaza, los gremios empresariales consideran imprescindible fortalecer las instituciones encargadas de la represión del crimen y la administración de justicia, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El comunicado concluye con un llamado a la acción urgente, advirtiendo que sin decisión política ni firmeza, los peruanos seguirán sufriendo las consecuencias de la criminalidad organizada, con negocios cerrando y vidas en riesgo.

La nueva Ley de Crimen Organizado, publicada hace poco más de un mes en El Peruano, introduce requisitos más estrictos para definir el delito de organización criminal, exigiendo demostrar una “compleja estructura desarrollada”, una “mayor capacidad operativa” y la finalidad de “obtener el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal”. Además, limita su aplicación a delitos con penas superiores a seis años.

Noam López Villanes, en un artículo para IDEHPUCP, señala que estas modificaciones podrían reducir significativamente los costos percibidos del delito, creando un escenario preocupante para la seguridad ciudadana. Al restringir la cobertura de la ley y elevar los requisitos para que un hecho criminal califique como realizado por una organización criminal, se genera un incentivo potencial para las actividades delictivas.

Esto podría desencadenar un aumento en la frecuencia y gravedad de los delitos, ya que los infractores perciben una disminución considerable de los riesgos asociados con sus actividades ilícitas.

La teoría económica del crimen, propuesta por Gary Becker en 1968, sostiene que los delincuentes actúan de manera racional, evaluando los costos y beneficios de sus acciones. Bajo esta perspectiva, la nueva ley podría enviar un mensaje equívoco sobre la tolerancia del Estado hacia el crimen organizado, debilitando la capacidad disuasoria del sistema judicial.

El debate también se centra en la constitucionalidad de la Ley 32108 y su alineación con tratados internacionales como la Convención de Palermo. Algunos expertos legales argumentan que los nuevos requisitos podrían contravenir estos acuerdos internacionales, que buscan fortalecer la lucha contra el crimen organizado a nivel global.

Desde su publicación, la ley ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, que advierten sobre sus posibles consecuencias negativas. La preocupación principal radica en que, al elevar los umbrales para la persecución del crimen organizado, se podría facilitar la impunidad de grupos delictivos que no cumplan con los nuevos criterios establecidos.