Gobierno de Dina Boluarte planea instalar cámaras en 24 mil vehículos de transporte urbano para frenar ola de extorsiones

Ante el paro de transportistas de Lima Metropolitana y Callao este jueves 26 de septiembre —debido a las constantes extorsiones y atentados que vienen sufriendo choferes, cobradores y pasajeros—, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió anunciar estado de emergencia en 12 distritos de la ciudad, además de otras medidas para frenar la ola delictiva que ataca a la población.

Entre las acciones por las que ha optado el Ejecutivo, anunciadas después de reunirse con representantes del sector, destaca la instalación de cámaras de videovigilancia tanto dentro como fuera de las más de 24.000 unidades de transporte urbano que operan por los distritos de la capital.

De acuerdo al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, será la Autoridad de Trasporte Urbano (ATU) la que se encargará de la implementación de estos artefactos en buses, cústers y paraderos.

Pérez Reyes detalló que la grabación obtenida quedará almacenada en un disco duro instalada dentro de la unidad, pero también en la nube, de manera que así se destruya la cámara interna, la información quedará guardada y va a permitir que la Policía Nacional del Perú (PNP) tenga la información como evidencia de la persona que ha cometido el delito.

Otro de los acuerdos adoptados con los transportistas, antes del paro que se realiza este jueves, es la implementación de una procuraduría especial por parte de la ATU, que se encargará de recibir las denuncias de extorsión, y tramitarlas directamente a la Policía Nacional.

El titular del MTC también hizo un llamado a los transportistas a mantener el diálogo con el gobierno, más allá de la paralización de este jueves, para seguir adoptando medidas respecto a la seguridad en el transporte.

Este 26 de septiembre, se declaró en emergencia en 12 distritos de Lima Metropolitana y Callao: Ate Vitarte, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Ventanilla.

El premier Gustavo Adrianzén precisó que la decisión de seleccionar estos distritos de Lima Metropolitana y Callao se basó en la alta incidencia de criminalidad y extorsión en estas áreas, aunque mencionó que la medida podría extenderse a otros distritos “si las condiciones lo ameritan”.

Asimismo, el Ejecutivo anunció que remitirá al Congreso un proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano en busca de abarcar conductas delictivas como el sicariato, el secuestro, la extorsión y la posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.

El primer ministro dispuso también la “ampliación inmediata” del penal de máxima seguridad de Challapalca, situada en una remota localidad de los Andes del sur, para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. “Todos los internos que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados y referidos al penal”, señaló.