Mediante su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, la Fiscalía de la Nación informó que presentó dos denuncias constitucionales ante el Congreso de la República contra el excongresista Víctor Augusto Albrecht Rodríguez. Estas denuncias, dirigidas a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, lo señalan como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, “el primer hecho imputado se refiere a la conducta y acciones realizadas por el excongresista, a solicitud del fiscal provincial provisional Rony Giusseppe Salinas Bedón, con el fin de favorecer sus intereses de nombramiento, en su condición de candidato en reserva de la convocatoria N° 002-2017-SN/CNM.”. Albrecht, en su condición de congresista en ese momento, habría desplegado acciones para asegurar la designación de Salinas Bedón.
El segundo hecho está relacionado con la influencia que el exparlamentario habría ejercido sobre funcionarios del Ministerio de la Producción “para que estos recurran a instancias especializadas de pesquería, a fin de tener pronunciamientos administrativos favorables al empresario Óscar Peña Aparicio”, finaliza el comunicado.
Condena por tenencia ilegal de armas
El panorama judicial del excongresista Albrecht no se limita solo a estas denuncias. En noviembre de 2023, el Poder Judicial lo condenó a seis años de prisión efectiva tras hallarse en su vivienda una pistola y municiones sin la debida licencia. Este hallazgo fue producto de un allanamiento en enero de 2020, realizado como parte de las investigaciones del Caso Rich Port II, que involucraba al excongresista en un presunto esquema de corrupción y crimen organizado.
Durante el procedimiento, llevado a cabo en su domicilio en La Molina, la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró el arma de fuego y una cacerina con catorce municiones en su habitación. El material incautado fue sometido a pericias, confirmándose que se trataba de un armamento operativo. A pesar de que Albrecht ya enfrentaba investigaciones por delitos mayores en el Caso Rich Port II, el Poder Judicial decidió sentenciarlo por la tenencia ilegal de armas de fuego.
Además de la condena, el exparlamentario fue inhabilitado de manera definitiva para obtener licencias o certificados que le permitan portar armas de fuego. El artículo 36° del Código Penal sustenta esta decisión judicial.
Junto con la sentencia de prisión, el tribunal impuso una reparación civil de S/5 mil, que Albrecht debía pagar en favor del Estado peruano durante la ejecución de su condena. La naturaleza de esta sanción financiera refleja el perjuicio causado al Estado al no cumplir con las regulaciones establecidas para la tenencia de armamento.
El papel de Albrecht en el esquema
En el marco de esta investigación, la Fiscalía sostiene que Albrecht tenía un rol crucial en la operación, actuando como intermediario en la gestión de los empleados ficticios. A lo largo del proceso, se ha argumentado que el excongresista mantenía contacto con altos funcionarios de la empresa para garantizar la ejecución de estos contratos fraudulentos.
Además, el Ministerio Público señala que Albrecht habría coordinado con otros integrantes de la organización criminal para asegurarse de que aquellos empleados que se oponían al esquema de corrupción fueran sometidos a presiones, incluyendo amenazas o incluso violencia física. Estas acciones, según la Fiscalía, estaban diseñadas para mantener el control del dinero que se desviaba sistemáticamente hacia cuentas asociadas a los cabecillas de la organización.
Delitos de extorsión y pedido de prisión
En junio de 2023, el fiscal Saldaña Pineda solicitó una condena de 29 años de prisión para Víctor Albrecht, sumando a los cargos de corrupción y crimen organizado, acusaciones de extorsión. El caso plantea que Albrecht habría utilizado su influencia como excongresista para coordinar el cobro de sobornos por parte de funcionarios, quienes validaban las nóminas de empleados ficticios en Eslimp.
El Ministerio Público, además, recabó más de 200 pruebas que vinculan directamente a Albrecht con las operaciones ilegales dentro de Eslimp. Estas pruebas incluyen testimonios de empleados que participaron en el esquema, documentos que respaldan las contrataciones fraudulentas y registros financieros que demuestran los pagos ilegítimos que se realizaron bajo su supervisión.