La ola de extorsiones sufrida por los transportistas, los obligó a convocar un paro el último jueves 26 de septiembre. Los trabajadores reclamaron mayores acciones del gobierno frente a los altos índices de inseguridad ciudadana y marcharon por el centro de la capital con el objetivo de reunirse con las autoridades correspondientes.
Los manifestantes lograron un encuentro con representantes del Congreso de la República, quienes, por su parte, instaron al gobierno de Dina Boluarte a tomar medidas frente al peligro que este y otros gremios enfrentan día a día.
El poder Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, anunció un decreto de estado de emergencia por 60 días que afectará a 11 distritos de la capital y uno de la provincia constitucional del Callao. La medida suspende ciertos derechos constitucionales como el libre tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, entre otros.
A pesar de la gravedad de la situación, la presidenta Dina Boluarte no se ha dirigido a la nación para brindar detalles sobre la cuestionada decisión.
Fernando Castillo Díaz, un hombre de 56 años, fue asesinado a balazos dentro de su auto BMW en la cuadra dos de la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro. El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. del viernes 27 de septiembre, cuando la víctima se encontraba atrapada en el tráfico.
Este sábado 28 de septiembre comenzará a regir el estado de emergencia que dictó el Gobierno de Dina Boluarte para combatir el aumento de casos de extorsión y sicariato en Lima y Callao. Las restricciones a derechos fundamentales durarán 60 días calendario, es decir, hasta el miércoles 27 de noviembre de este año.
Respecto al estado de emergencia, Carlos Cadillo, socio de Miranda & Amado, señala que el anuncio de la declaratoria del estado de emergencia responde a una coyuntura de inseguridad ciudadana. El año pasado existió una declaratoria similar por una justificación parecida, la cual se aplicó en determinadas provincias y departamentos por un plazo determinado inicial, que se fue prorrogando.
En aquella ocasión, se suspendieron los derechos constitucionales a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Además, se establecieron reglas de inmovilización social obligatoria, en uno de los departamentos y al inicio, durante algunos días. Sin embargo, no existieron reglas específicas para el ámbito laboral, recuerda.
En esta oportunidad, el Decreto Supremo N° 100-2024-PCM tampoco incluye medidas específicas para las empresas y los trabajadores. Por eso, el Ejecutivo busca garantizar y reforzar el orden interno, a través de la Policía Nacional del Perú y del apoyo de las Fuerzas Armadas; pero, sin que se afecten las actividades económicas y laborales. De este modo, las relaciones de trabajo continuarán desarrollándose con regularidad en los distritos mencionados en dicho decreto.
En todo caso, al tratarse de un estado de emergencia, nos encontramos ante una medida que debe ser excepcional y de duración temporal, precisa el especialista en derecho laboral.
Respecto a las dificultades de traslado y las tardanzas causadas por el paro de transportistas el día de ayer (jueves 26 de setiembre), el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado. Como se tratan de circunstancias excepcionales, en este documento recomendó que se priorice el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores, cuando sea posible por la naturaleza de las labores; se ofrezca una tolerancia de dos a cuatro horas; se permita recuperar el tiempo no laborado, en una oportunidad que acuerden las partes o, en su defecto, que decida el empleador; se brinden otras medidas flexibles; y no se considere la tardanza injustificada como falta laboral sancionable con una medida disciplinaria.
Cadillo precisa que, de darse un nuevo paro de transportistas o alguna situación similar, los empleadores pueden evaluar estas medidas o encontrar otras, siempre que sean viables a su situación particular. Adicionalmente, recomienda que los empleadores -a través de los gerentes, líderes o jefes- estén en contacto con los trabajadores para conocer las dificultades que pueden tener, establecer canales de comunicación eficaces o utilizar los existentes y los medios electrónicos o digitales, y comunicar aquella información necesaria ante situaciones excepcionales o urgentes.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió un pronunciamiento donde exige al gobierno establecer una estrategia integral contra la criminalidad. En esa línea, hace algunas propuestas a tomar en cuenta por la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país y que afecta directamente a distintos sectores.
En Lima Metropolitana, el transporte urbano finalmente se paralizó en protesta por las constantes amenazas de extorsionadores que atentan contra las vidas de los transportistas diariamente. Esta medida de fuerza se inicia luego de que solo algunos representantes de empresas dialogaran sin éxito con el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en un intento de alcanzar acuerdos y evitar el paro.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, ha anunciado que si las extorsiones contra las empresas de transporte no disminuyen significativamente en los próximos 60 días, los gremios de transportistas formales de Lima y Callao detendrán sus operaciones. Esta medida se coordina con los gremios urbanos de transportistas formales, según informó Ojeda en Canal N
Una de las grandes ausentes durante el paro de transportistas y el anuncio de estado de emergencia fue la presidenta de la República. Si bien el jueves 26 su agenda pública daba cuenta de que no tenía ninguna actividad oficial, una publicación de presidencia asegura que la jefa de Estado se reunió ayer con el premier y los ministros de Educación, Transportes, Interior y Defensa para atender el pedido de los gremios de transportes.
Hoy, Dina Boluarte “sostendrá una reunión con algunos alcaldes de Lima Metropolitana en Palacio de Gobierno”, se lee en las redes sociales.
Los gremios empresariales de Perú han emitido un comunicado urgente en el que denuncian la creciente influencia del crimen organizado en el país, afirmando que este fenómeno está ganando terreno frente al Estado y afectando gravemente a la sociedad y la economía nacional.
A un día de haberse decretado un estado de emergencia en varios distritos de Lima Metropolitana por la ola de extorsiones, miembros de la Policía Nacional (PNP) informaron sobre la captura de integrantes de dos bandas criminales que tendrían participación en el cobro de cupos en diferentes rubros que operan en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).
Conductores temen ser asesinados por no pagar cupos. Algunos consideran que el estado de emergencia no se ha hecho sentir en sus localidades. Medida que regirá durante 60 días en 14 distritos de Lima y Callao será la prueba de fuego para determinar si el ministro del Interior permanecerá en su cargo.
Presidente de Perucámaras, Óscar Zapata, cuestionó la aprobación de ley que retira el controversial delito de la legislación. Además, cuestionó proyecto que el Congreso viene impulsando y que la presidenta Dina Boluarte debería observar.
Los transportistas que acataron un paro en Lima y Callao suspenderán la medida de fuerza y dar “una tregua” al Gobierno, luego de las acciones anunciadas por el Poder Ejecutivo para combatir los delitos de sicariato y extorsión.
El gobierno de Dina Boluarte oficializó el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno en el Callao, tras el anuncio del último jueves 26 de septiembre que se realizó el paro de transportistas. De esta manera, se publicó el Decreto Supremo Nº 100-2024-PCM en el diario oficial El Peruano.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó que su gremio tomará medidas si el gobierno no cumple con reducir los niveles de criminalidad en los 60 días del estado de emergencia. “Confiamos en la PNP, pero no en los otros poderes”, dijo a Canal N.
A través de una publicación en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo confirmó la declaratorio de estado de emergencia que afecta a 14 distritos de Lima y Callao. Texto especifica qué medidas se tomarán durante los próximos 60 días.
La ola delincuencial ha escalado a niveles donde la vida de un ser humano cuesta tan solo S/7. Entre los gremios más afectados durante los últimos meses se encuentran los transportistas, quienes ante la impotencia de no poder trabajar con tranquilidad decidieron convocar un paro el último jueves 26 de septiembre. La movilización llegó hasta el Congreso, institución donde se han presentado distintos proyectos de ley para combatir la inseguridad ciudadana que recién serán debatidas en el transcurso de la próxima semana.
Luis Torres, gobernador regional de Tacna, ha expresado su firme rechazo a la ampliación del penal de máxima seguridad de Challapalca y la transferencia de delincuentes de alta peligrosidad a la región. Según Torres, esta medida representa una amenaza para la seguridad de los más de 350 mil habitantes de Tacna y atenta contra la tranquilidad de la ciudad.
Tras el paro de transportistas realizado el día jueves 26 de septiembre, el Gobierno decidió declarar en estado de emergencia por 60 días a 13 distritos de Lima y uno en el Callao. Sin embargo, diversos gremios de este sector no han descartado volver a una nueva movilización, debido a que buscan resultados eficientes.
La Policía Nacional del Perú (PNP) dio con agrupaciones delincuenciales que operaban en la capital y entre las que se encontraban implicados menores de edad.
Ciro Castillo lamentó que solo uno de los distritos de la provincia constitucional haya sido incluida en la medida para combatir la inseguridad ciudadana.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció esta tarde que los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) saldrán a las calles para apoyar a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el estado de emergencia declarado, este jueves 26, en once distritos de Lima y Callao para enfrentar la criminalidad.
Este viernes, el ministro del Interior Juan José Santiváñez señaló que tiene plena confianza en que el plan diseñado para combatir la inseguridad en Lima y Callao funcionará. De no ser así, manifestó su disposición de renunciar al cargo.
Desde las primeras horas del 27 de septiembre, miembros de la PNP recorren los distritos de la capital donde se registran altos índices de criminalidad.
El ministro del Interior, Juan José Santivañez, aclaró cuáles son las actividades que se verán restringidas por el estado de emergencia de 60 días en 11 distritos de Lima y una del Callao. Asimismo, anunció que Santa Rosa y el Rímac se unieron a la lista considerada con alta tasa de inseguridad ciudadana; es decir, ahora son 14.
El gobierno de Dina Boluarte declaró en estado de emergencia 12 distritos de Lima y Callao en un nuevo intento por combatir la inseguridad ciudadana. Los sectores afectos por la medida son:
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció esta mañana que los distritos de Rímac y Santa Rosa también han sido incluidos en la lista de juridiscciones consideradas con alta tasa de criminalidad.