Todas las pensiones ONP y AFP, incluidas las que están en cero, pasarán a ser de mínimo S/600 desde enero del 2025

Si usted estaba a punto de jubilarse en una AFP, con 20 o más años de aportes, pero temía recibir una pensión exigua debido a que efectuó alguno de los retiros, o porque, simplemente, lo ahorrado no le alcanzaba para una pensión de más de S/300, quizá sea un buen momento para considerarlo.

La nueva ley de pensiones de la reforma previsional peruana establecerá una pensión mínima de S/600 para ese universo de nuevos jubilados, que alcanzará también a los aportantes de la ONP (que ganan, actualmente, S/500). ¿Desde cuándo?

De acuerdo al dispositivo firmado por la presidenta Dina Boluarte el último martes, la pensión mínima -a la que antes solo podían acceder los pensionarios de la parte pública, pero que ahora también beneficia a sus pares del privado- ascenderá a S/600 a partir de enero del 2025, mientras que los reintegros serán abonados en el mes de febrero, de corresponder. Pero tiene su truco.

¿Y la pensión de jubilación proporcional especial por haber cotizado entre 15 y 20 años de aportes? El monto quedará fijado en S/400. Por supuesto, para que la pensión mínima pueda ser aplicada a los nuevos jubilados a partir del 1 de enero de 2025, tanto de AFP como de ONP, deberán haber acreditado 20 años de aportes.

¿Realmente conviene esta pensión de S/600, si ahora estoy en una AFP y por jubilarme? Si usted hizo uso de alguno de los siete retiros impulsados desde el Congreso, es probable que sí. Solo que a costa del Tesoro público, que tendrá que soportar la carga de todos esos nuevos pensionarios en base a subsidios sobre la marcha.

Según la Asociación de AFP, las pensiones promedio en el Perú son de S/1.300 en el caso de jubilación, S/1.800 en el caso de invalidez, y S/800 en el caso de sobrevivencia.

Sin embargo, la investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, aclara que, para dicho cálculo, solo se están tomando en cuenta a las personas que compran una pensión, es decir, que no se llevan la pensión a su casa.

Ahí no se considera al grueso del universo de pensionarios del sistema privado, un 95% que opta por llevarse todo su dinero porque, sacando cuentas, no le sería rentable. La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) tampoco calcula cuánto es lo que podrían recibir como pensión estas personas.

“Ellos sí se verían beneficiados con la pensión mínima de S/600, porque haciendo cuentas, podrían hoy recibir menos que eso”, subraya.

Bernal recuerda que aun está vigente el retiro del 95,5% para mayores de 40 años. Entonces, una persona con un fondo de S/100.000 en una AFP podría optar por retirar sus casi S/95.000 en cash o recibir S/600 mensualmente compensados (subsidiados) por el Estado peruano.

“Aun así, habrá mucha gente con necesidad de liquidez, pese a que esa plata retirada al contado no equivale a más de S/300 de pensión. Ese es el cálculo que deberá hacer la gente”, enfatiza la experta.

Debido a los siete retiros de fondos de los fondos previsionales privados desde 2020 -se calcula una salida potencial salida de S/115.200 millones desde la Asociación de AFP-, la gran mayoría de los futuros pensionistas del segmento privado no cumpliría con los aportes requeridos para alcanzar la pensión mínima.

Sin embargo, esta realidad podría cambiar con la redacción del dispositivo recientemente aprobado, advierte Bernal. Según la especialista, el proyecto que fue elevado el Pleno borró dicha disposición, por lo que viabilizaría la entrega de una pensión de S/600 para quienes, incluso, hayan vaciado sus cuentas previsionales. ¿Quién pagará entonces? Pues el Estado peruano, y ese es el impacto fiscal que temía el MEF.

“La actual ley que ha salido desde el Congreso, firmada por la presidenta Doina Boluarte, ya no te dice que, si retiraste, debes devolver la plata para que puedas acceder a una pensión nínima de S/600″, retrata la docente.

Esta es, justamente, la situación que había sido antes advertida desde el Consejo Fiscal, por lo que Bernal presume que el Ejecutivo debería plantear alguna ley que pueda modificar o subsanar esta reforma previsional, que amenaza con dinamitar el forado de las alicaídas cuentas fiscales del Perú desde enero del 2025.