La presidenta Dina Boluarte seguirá siendo investigada por el caso Rolex. El Poder Judicial declaró infundado el pedido de control del plazo, hecho para que el Ministerio Público archive la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.
“Se resuelve declarar infundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado”, se lee en la resolución judicial.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, consideró que la decisión de la Fiscalía de declarar complejo el caso e incrementar el plazo de la investigación por ocho meses más no infringe ninguna norma, ni vulnera los derechos de la investigada.
“Tratándose de un alto funcionario del Estado, donde, por un lado, se establece un plazo de investigación preliminar de 60 días y, por otro, las reglas del CPP (Código Procesal Penal), posibilitan que ese caso sea declarado complejo con los plazos señalados en las reglas del CPP; en consecuencia, la decisión de la fiscalía de declarar compleja la investigación así como establecer el plazo de ocho meses resulta aplicable y en ese sentido no infringe principio alguno como debido proceso o plazo razonable”, señala el magistrado.
Es decir, el nuevo plazo de la investigación contra la presidenta contempla el periodo entre el 17 de mayo del 2024 y el 17 de enero del 2025.
Argumentos en la audiencia
Durante la audiencia de control de plazo, realizada el último 11 de setiembre, Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, recordó que el periodo de duración de la investigación preliminar es de 60 días, por lo que consideró que se está vulnerando el derecho al plazo razonable.
“El estado de la investigación ha vencido, tiene 177 días de exceso, según el artículo 1 de la Ley 27399 que establece el plazo de 60 días al amparo de diligencias preliminares”, indicó el letrado.
Asimismo, recordó el Ministerio Público ya había presentado una denuncia constitucional en contra de la presidenta Boluarte ante el Congreso.
Por su parte, Luis Germaná Matta, fiscal adjunto supremo provisional -Coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, indicó que están solicitando que se amplíe el plazo debido a lo complejo del caso. Pedido que, finalmente fue aceptado por el juez Juan Carlos Checkley.
Recursos ante el TC
Pese a que en sus escasas presentaciones ante los medios de comunicación, la presidenta Dina Boluarte aseguró que está colaborando con la justicia, lo cierto es que presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para evitar que la sigan investigando.
En el recurso presentado, el Ejecutivo argumenta que el Poder Judicial y el Ministerio Público no pueden investigar a una presidenta en funciones y que están atentando contra el artículo N° 117 de la Constitución, que habla sobre la inmunidad presidencial.
Sin embargo, los asesores de la presidenta parecen haber olvidado que no es la primera vez que se investiga a un presidente en ejercicio. La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos lo hizo con el expresidente Pedro Castillo e incluso fue inhabilitada por el Congreso cuando decidió suspender las indagaciones.
Además, se supo que durante sus presentaciones ante el fiscal de la Nación, Boluarte Zegarra se acogió a su derecho de guardar silencio, usando como argumento que después su testimonio se filtra en los medios de comunicación.
Como se recuerda, el caso Rolex inició cuando la presidenta no supo explicar el origen de los costosos relojes que usaba durante sus actividades oficiales, para finalmente admitir que recibió las joyas en calidad de préstamo que le hizo el gobernador regional de Ayacucho, su ‘wayki’, Wilfredo Oscorima.