Paro de transportistas: Crimen organizado sería un peligro para el ‘motor empresarial’ peruano, como en El Salvador

Paro de transportistas HOY. Este 26 de septiembre, decenas de empresas de transportes han detenido sus labores como protestas frente a las extorsiones y actos violentos de los que vienen siendo víctimas, la que es solo una de las tantas formas en que la violencia a manos de bandas criminales está consolidando su dominio en el país.

Así, varias líneas de buses que proveen servicios de transporte para ciudadanos de distritos como Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, El Agustino y Santa Anita se han suspendido, y sus trabajadores se encuentran movilizandose a modo de protesta para pedir al Gobierno de Dina Boluarte que tome medidas para acabar y controlar la delincuencia y el operar de estas bandas organizadas.

Solo por media hora de paro, se calcula que la economía peruana pierde S/8 millones. Pero esta medida que han tomado las empresas de transporte peruanas solo es una a la que han sido llevados por la que es la raíz del problema: la inseguridad ciudadana causada por las organizaciones criminales. Y estas extorsiones que vienen sufriendo no solo las empresas de Transporte, sino también los negocios ‘puerta a calle’, como las bodegas, restaurantes y más, podrían tener un mayor impacto económico.

Infobae Perú conversó con la Dra. Silvana Huanqui, profesora de la carrera de economía de la Universidad San Ignacion de Loyola (USIL), sobre las consecuencias que tendrá el crimen organizado contra las pequeñas y medianas empresas en el país, con la raíz de la protesta del paro de transportistas, que es el cobro de cupos y extorsiones a estos negocios.

Al corto plazo, señala la experta, el impacto se ve fuertemente en la oferta y la demanda de estos servicios. “En la oferta, las empresa de transporte van a paralizar sus ingresos. El sector de transporte urbano acoge a una gran cantidad importante de personas laborando, y va a tener mayor problemas sin contar que a estas las ponen un poco más vulnerable para sostenerse”.

Por el lado de la demanda, los ciudadanos que utilizan transporte urbano, “que, básicamente, en Lima más del 70% de la población que usa transporte público, el efecto para ellos es mayores costos: la familia va a tener que buscar otras forma de movilizarse, van a tener retrasos en los tiempos de llegar al trabajo. Y con esto con también va a afectar a un tercer elemento, que son las empresas que cuentan con estos trabajadores: entonces estamos hablando de retrasos en la entrada o incluso faltas de personal laboral, que va a ser Incapaz de poder ir a trabajar en va fácilmente, con lo cual le va a generar costos, paralizaciones, posiblemente en la actividad productiva o retrasos en la actividad productiva y los costos ahí se pueden incrementar muchísimo más”, aclara.

Para la Dra. Silvana Huanqui, las medidas que se deben de tomar tendrán que estar necesariamente asociadas a parar el problema de raíz. Sino se piensa más allá del corto plazo, el problema podría tener una mayor dimensión. Si continúan los cobros de cupos y las extorsiones, “ya no va a ser sostenible poder llevar sus actividades económicas para gran parte de las empresas”.

Sobre todo en un clima económico no consolidado, donde todavía estamos en recuperación económica y se cuenta con la inversión privada y el consumo privado para hacer crecer el Perú, este problema dificultaría este proceso. Pero, como pasó en El Salvador, en algún momento las bandas empezaban a apoderarse de las empresas, y los dueños terminaban trabajando para estas. Así “desapareció gran parte de la actividad económica y muchas de las personas trataban de irse del país” a causa del crimen organizado.

Asimismo, por otro lado, dado que estas extorsiones afectan a los negocios visibles, puerta a calle, el cobro de cupos podrían inclusive empujar a estas empresas fuera de la formalidad —al estas empresas ser más visibles y muchas veces más pasibles de ser fiscalizadas, y por ende mantenerse formales—. “[Esto] puede llevar incluso hasta a incrementar la informalidad en los negocios, donde ya de por sí es alta”, señala Huanqui.