El paro de transportistas en Lima llegó al Congreso y los dirigentes de los gremios del sector finalmente se reunieron con la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, quien expresó públicamente su respaldo a los representantes del sector de transporte urbano en Lima Metropolitana y consideró necesaria la intervención de la presidenta Dina Boluarte para resolver la crisis de inseguridad y extorsiones.
En un pronunciamiento público, y acompañada por los representantes de los gremios que actualmente forman parte del paro, Juárez pidió a la mandataria a declarar a Lima Metropolitana en estado de emergencia y que se disponga al Ejército salir a las calles junto a la Policía Nacional del Perú para luchar contra el crimen.
“Instamos desde la Mesa Directiva (del Congreso), desde las diferentes bancadas, desde mi bancada Fuerza Popular y en general desde la representación nacional, a la Presidenta Dina Boluarte. Esperamos que frente a situaciones tan graves como estas, finalmente declare el estado de emergencia en la ciudad de Lima o por supuesto lleve a que las fuerzas armadas puedan salir a patrullar las calles, puedan salir a ayudar a la PNP”, afirmó.
En una línea similar a la del ministro del Interior, Juan José Santiváñez -quien prometió a los gremios de transportistas que se formará un grupo especial de la PNP dedicado a combatir las extorsiones-, la congresista Juárez también solicitó públicamente que estas acciones sean dirigidas “bajo un solo liderazgo”.
“Insistimos que la única forma de combatir este problema tan grave que vivimos en el país es a traves e acciones de inteligencia bajo un solo liderazgo. Todos los servicios de inteligencia liderados por un grupo que finalmente pueda llegar a desarticular a estas bandas y organizaciones criminales”, afirmó la primera vicepresidenta del Congreso.
Juárez pide un Pleno especial sobre seguridad ciudadana
Por otro lado, la vicepresidenta del Parlamento instó a que el resto de congresistas y a las comisiones de trabajo que se tome en cuenta el pedido del desarrollo de un ‘Pleno extraordinario’ en el que se debatan leyes específicas a favor de la lucha contra la criminalidad. Esto coincide con la propuesta difundida por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en días previos a las protestas.
“Tenemos leyes para combatir la criminalidad que se encuentran aún en comisiones. Exhortamos a que se puedan hacer trabajos urgentes y que se declaren en sesión permanente para que podamos, a través de nuestra función, que es el ámbito legislativo, dar las herramientas a la PNP y el estado en su conjunto para que podamos terminar de manera definitiva y combatir estas roganizaciones s que vienen causando el caos y la incertidumbre en todo el país”, sostuvo de manera pública.
“Pareciera que la criminalidad ha rebalsado la intervención del Estado”
Luego de su primera reunión con gremio de transportistas en el contexto de la manifestación contra la inseguridad, la representante de Fuerza Popular sostuvo que el problema que denunciaron los trabajadores no es actual, sino que tiene varios meses gestándose sin respuesta del Gobierno.
“Nos hemos comunicado con el ministro del Interior, quien ha sostenido una reunión con los transportistas, pero vemos que todo parece insuficiente. Pareciera que la criminalidad ha rebalsado toda posibilidad de que el estado en su conjunto puedan intervenir, es por eso que los transportistas han realizado este acto de fuerza. Rechazamos los actos de violencia en algunos lugares de la ciudad (...) las medidas de fuerza son un grito desesperado del transporte, pero tiene que hacerse en paz”, afirmó
Paro de transportistas generaría pérdidas por casi S/700 millones
El paro de transporte empieza a dejar sus primeras secuelas para la economía. La Asociación Automotriz del Perú (AAP) ha revelado que la medida de fuerza, acatada por transportistas de Lima Metropolitana y el Callao, podría acarrear pérdidas en la línea de S/230,44 millones diarios, sobre un horizonte de tres días que han anunciado sus promotores.
A través de un comunicado, la organización ha destacado la importancia de abordar de manera efectiva los conflictos que afectan al transporte público en Lima Metropolitana y Callao, debido a las graves repercusiones económicas que pueden generar, como esta pérdida que orilla los S/700 millones en días que se espera una recuperación más robusta del PBI local.