El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró este jueves en estado de emergencia una docena de distritos de Lima Metropolitana y Callao. La medida, que se extenderá por 60 días, abarca Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, así como Ventanilla (Callao).
“Corresponderá a la Policía Nacional del Perú (PNP) mantener el control del orden interno, con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas”, precisó el ministro de Defensa, Walter Astudillo, en una rueda de prensa realizada el mismo día en que inició un gran paro de transportistas que exigen seguridad y protestan contra la ola de extorsión que sufren.
Astudillo mencionó que la intervención militar es una “importante decisión política” de la administración de Boluarte. “La actuación de las Fuerzas Armadas tiene que ser debidamente planificada por el Comando Conjunto”, agregó. Ante la pregunta de qué diferencia a esta declaratoria de las anteriores, que no lograron resultados positivos, el ministro enfatizó la importancia de “la participación activa de todos los actores sociales”.
“Creo que es importante reiterar a la ciudadanía que para garantizar la seguridad ciudadana se requiere la participación de todos. Lo diferente es eso, que todos debemos sentirnos parte del país. Esta es una respuesta del Estado peruano, no es una respuesta del gobierno. El Estado involucra a las instituciones públicas, a los distintos poderes, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, entre otros. Debe ser una apuesta de unidad para combatir este flagelo”, apuntó.
Los lineamientos de la declaratoria serán publicados próximamente en el diario oficial El Peruano. Por su parte, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, indicó que la decisión de seleccionar estos distritos de Lima Metropolitana y Callao se basó en la alta incidencia de criminalidad y extorsión en estas áreas, aunque mencionó que la medida podría extenderse a otros distritos “si las condiciones lo ameritan”.
Adrianzén anticipó una presencia más activa de policías en puntos críticos de la ciudad, como en estaciones de autobuses, paraderos y rutas, “pensando en el problema extorsivo en el transporte público”, que se ha cobrado la vida de al menos tres personas en las última semanas.
De igual modo, anunció que el Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano y que busca abarcar conductas delictivas como el sicariato, el secuestro, la extorsión y la posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
Indicó, finalmente, que se ha dispuesto la “ampliación inmediata” del penal de máxima seguridad de Challapalca, situada en una remota localidad de los Andes del sur, para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. “Todos los internos que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados y referidos al penal”, señaló.
A primera hora de este jueves comenzó en Lima un gran paro de transportistas, convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas de Perú, que generó mucho tráfico, largas colas de pasajeros en las paradas de autobús y metro, así como la suspensión de clases en colegios y universidades.
Al menos 70 compañías que conforman una flota de más de 5.000 buses paralizaron completamente sus operaciones. La zona norte de Lima era la más perjudicada por este paro y, en algunos puntos de la ciudad, grupos de manifestantes tiraron piedras a autobuses que no se habían sumado a la protesta.
En la víspera, Adrianzén manifestó su sorpresa ante la protesta y pidió a los transportistas “que no vayan a tomar esta medida de fuerza”, ya que serán recibidos por las autoridades para explicarles “en detalle todas las medidas que están previstas organizarse” para combatir a estos delitos.
Además, comentó que se habían hecho compromisos para evitar paralizaciones y levantar las ya existentes. El Ministerio Público informó, posteriormente, que cuatro fiscalías colaborarán con el grupo operativo GOREX de la Policía Nacional (PNP), compuesto por más de 100 agentes dedicados a investigar y combatir la extorsión en Lima Metropolitana.