El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció que el Gobierno ampliará el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en Puno, para trasladar a sentenciados y procesados por los delitos de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de uso ilegal.
Asimismo, indicó que remitirán al Congreso de la República un proyecto de ley para tipificar el delito de terrorismo urbano, medida que ya había sido propuesta por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros congresistas.
Por otra parte, se impondrá un estado de emergencia por 60 días en 12 distritos, estos son: Ventanilla, en el Callao; y Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, en Lima Metropolitana.
¿Qué otras medidas se han anunciado?
Este jueves 26 de septiembre, se llevó a cabo una conferencia de prensa conjunta entre los titulares de Defensa, Walter Astudillo; Interior, Juan José Santivañez; Transporte, Raúl Pérez-Reyes; Educación, Morgan Quero; y Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Entre las medidas anunciadas también se encuentran:
- Crear un equipo especial dedicado a la investigación dela extorsión, integrado por más de 100 agentes, que trabaja en la Dirincri.
- La Policía ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas para la extorsión y secuestro de la Dirincri, para recibir denuncias. Los WahtsApp son: 942 841 978 y 966 834 447.
- Establecer mecanismos de seguridad policial en paraderos y rutas.
- Brindar seguridad policial a las unidades de transporte de manera aleatorio con personal uniformado y de civil.
- Remitir al Congreso de la República un proyecto de ley para agravar las penas de sicariato y extorsión hasta con cadena perpetua.
- Solicitar la creación de una Fiscalía supraprovincial de extorsión para garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes.
- Conformar una mesa mixta donde participen las carteras de Transportes, Trabajo, Justicia, Defensa, Interior, además del Ministerio Público y el Poder Judicial.
- Crear una procuraduría de la autoridad del transporte urbano que se encargue de imponer las denuncias por estos delitos.
¿Ley de terrorismo urbano?
Desde julio del 2023, congresistas, municipalidades, y el Poder Ejecutivo insisten en aprobar una ley contra el ‘terrorismo urbano’, con el fin de sancionar a organizaciones criminales.
De las diez propuestas presentadas, Juan Burgos Oliveros, parlamentario de Podemos, es el autor de tres: una que regula los actos de terrorismo, otra que incorpora este delito en el Código Penal, y finalmente una que crea la Autoridad Autónoma Contra el Terrorismo (AACT).
También han enviado su iniciativa legislativa María Acuña Peralta e Idelso García, de Alianza para el Progreso, quienes esperar estipular la penalización de esta nueva falta. Héctor Valer, de Somos Perú, también hizo lo propio.
Una autoridad edil que ha sido especialmente entusiasta en la tipificación del llamado delito de ‘terrorismo urbano’ ha sido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
En diálogo con Infobae Perú, Enrique Castro Vargas, especialista en seguridad ciudadana, calificó este tipo de medidas como “populismo penal”.
“El terrorismo urbano es por granadas o artefactos explosivos que se han utilizado en extorsión. Esto está tipificado como extorsión agravada en banda y no baja de 10 años de cárcel. El término está mal usado, ya que el terrorismo es la acción violenta con fin político”, sostuvo.
El burgomaestre también propuso que los menores de 16 años que hayan cometido un delito puedan ir a la cárcel. Ante esta sugerencia, Castro dijo que, de aprobarse, estos adolescentes también deberían tener el derecho de votar.
“Si le vas a dar responsabilidad penal, dale también responsabilidad política. Es demagogia punitiva. En nuestro país ya tiene penas para chicos de 15 años en casos de delitos graves, como homicidios. Hay un nuevo código de responsabilidad penal para adolescentes, lo que no existe es su implementación”, afirmó.
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