Fujimorismo pretende reducir votos del TC para resolver demandas competenciales: magistrado niega haber sido consultado

El magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, habló sobre el dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, que aprobó una serie de modificaciones al Nuevo Código Procesal Constitucional, generando críticas por el impacto que podrían tener en el equilibrio de poderes en el país.

Al respecto, Ochoa consideró que las reformas establecidas deberían ser debatidas más ampliamente y recomendó a los congresistas invitar a todos los actores, especialmente a representantes de las entidades, como la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, que criticaron esta iniciativa.

En ese sentido exhortó a los parlamentarios a invitar a los magistrados del TC, puesto que hasta el momento no han sido convocados para dar su opinión sobre el polémico proyecto.“Creo que debe haber una convocatoria más amplia. En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional no nos han convocado, pero podríamos participar si nos invitan, para dar nuestra opinión”.

Uno de estos cambios propone reducir el número de votos de los miembros del TC para resolver una demanda competencial, actualmente se necesitan cinco votos y con la ley, solo serían cuatro. Sobre esta modificación, el magistrado indicó que le gustaría conocer los fundamentos que la aprobaron.

“Somos siete miembros en el Tribunal Constitucional. Actualmente, para declarar fundada una demanda competencial se requieren cinco votos, entonces se propone reducir a cuatro. Quisiéramos saber cuáles son las razones técnicas para ello. Por ejemplo, en mi opinión, creo que si se reducen a cuatro el mismo criterio debería aplicarse para las demandas de inconstitucionalidad, que también actualmente se exigen cinco. Entonces también reduzcamos a cuatro magistrados o cuatro votos para declarar fundada una demanda de inconstitucionalidad”, comentó.

El 17 de setiembre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, aprobó un dictamen que modifica diversos artículos de la Ley 31307, conocida como el Nuevo Código Procesal Constitucional. La aprobación contó con 14 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, en un proceso que ha generado debates entre los parlamentarios y expertos en derecho constitucional.

El dictamen, que agrupa trece proyectos de ley, tiene como objetivo fortalecer los fines de los procesos constitucionales en el país, según señaló Rospigliosi. Al sustentar la propuesta, el parlamentario explicó que estas reformas buscan mejorar la eficacia de los procesos constitucionales y garantizar un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.

Sin embargo, las propuestas han generado preocupación en algunos sectores, quienes señalan que ciertos cambios podrían socavar los derechos de las personas y reducir el control constitucional sobre las decisiones del Congreso.

Es decir, si un funcionario público es inhabilitado o sancionado por el Congreso, no puede recurrir al Poder Judicial para interponer una demanda de amparo si es que considera que se vulneraron sus derechos.

El caso de Zoraida Ávalos puede ejemplificar este escenario. La exfiscal de la Nación fue suspendida por el Parlamento, pero el Poder Judicial la restituyó en su cargo. Con estos cambios, esto ya no puede ocurrir, una vez que esta norma se apruebe, las decisiones del Parlamento serán inapelables.