Perú Libre pretende crear ‘escuela para jueces y fiscales’ que dependa del Poder Ejecutivo

Américo Gonza Castillo, congresista de la bancada Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley para la creación de la Escuela Nacional de Justicia y Derechos Humanos. Esta institución, según el legislador, se encargará de formar y capacitar a jueces, fiscales, defensores públicos y otros operadores judiciales, otorgándoles grados académicos y títulos profesionales en nombre de la Nación.

El proyecto de ley establece que la nueva escuela dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSHD) y gozará de autonomía académica, financiera y administrativa, conforme a la Ley 30220. La iniciativa también propone modificar el artículo 130 del Código de Ejecución Penal para permitir la capacitación permanente del personal penitenciario.

Además, se plantea una modificación a la Ley 29479, Ley de la Procuraduría General del Estado, para que ser Procurador del Estado requiera haber aprobado el programa de formación y capacitación de la nueva escuela. El congresista Gonza Castillo asegura que la implementación de esta ley no generará gastos adicionales para el tesoro público, ya que los costos serán asumidos por el Ministerio de Justicia.

El proyecto de ley, titulado “Ley que Crea la Escuela Nacional de Justicia y Derechos Humanos”, detalla en su primer artículo que la escuela será una entidad pública autónoma con plena capacidad para cumplir sus objetivos. En el segundo artículo, se especifica que la finalidad de la escuela es formar y capacitar a profesionales en el ámbito de la justicia y los derechos humanos.

La implementación de la norma, según el artículo 3 del proyecto, deberá ser realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un plazo máximo de un año tras la publicación de la ley. El financiamiento, como se menciona en el artículo 4, provendrá del presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

El régimen laboral de los docentes de la escuela se regirá por la Ley N° 30220, Ley de la Carrera Universitaria, en lo que respecta a su carrera docente, evaluación, promoción, remuneración y beneficios. Los docentes serán considerados como universitarios y tendrán los mismos derechos y obligaciones que estos, de acuerdo con la Ley de la Carrera Universitaria. La escuela podrá establecer sus propias normas y procedimientos para la selección, contratación, evaluación y promoción de sus docentes, siempre que se ajusten a los principios y disposiciones establecidos en la Ley de la Carrera Universitaria.

El proyecto de ley, propone que la nueva escuela dependa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que sería responsable de su implementación y financiamiento en un plazo máximo de un año tras la publicación de la ley, es respaldado por los siguientes cinco legisladores:

• Agüero Gutiérrez, María Antonieta
• Cruz Mamani, Flavio
• Cerrón Rojas, Waldemar José
• Mita Alanoca, Isaac
• Portalatino Ávalos, Kelly Roxana

Según un análisi de El Comercio, la propuesta podría debilitar la independencia del sistema judicial, ya que centralizaría la formación y evaluación de jueces y fiscales en una sola institución bajo el control del Ejecutivo.

La iniciativa ha sido calificada de peligrosa por diversos expertos, quienes advierten que podría permitir una mayor injerencia política en el sistema de justicia. Además, la propuesta llega en un contexto en el que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, enfrenta una condena de tres años y medio de prisión efectiva.

La propuesta de Perú Libre también incluye la absorción de todas las instituciones actuales que se encargan de la capacitación y evaluación de jueces, fiscales y procuradores, lo que implicaría una reestructuración significativa del sistema de justicia.

Según el proyecto, la Escuela Nacional de Justicia y Derechos Humanos tendría la responsabilidad exclusiva de formar y capacitar a estos profesionales, lo que ha generado inquietudes sobre la concentración de poder y la posible pérdida de autonomía de las instituciones judiciales.

La propuesta ha sido vista como un intento de controlar el sistema judicial y de influir en la selección y formación de jueces y fiscales, lo que podría comprometer la imparcialidad y la independencia del poder judicial.