La situación se ha desbordado. Son varias las empresas de transporte público que decidieron frenar sus operaciones y acatar un paro de varios días ante los constantes casos de extorsión, amenazas y amedrentamientos que deben soportar a diario los choferes, cobradores y pasajeros a bordo de sus buses.
El alto a sus funciones diarias generó complicaciones a sus habituales usuarios en los distritos de Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres (SMP) y San Juan de Lurigancho (SJL). Ellos quedaron varados en diversos paraderos de Lima Metropolitana.
El gremio de transportistas optó por manifestarse de esta manera por la inacción del gobierno de la presidenta Dina Boluarte ante el cobro de cupo del cual son víctimas, y que ya cobró la vida de un par de sus trabajadores, mientras que dejó heridos a varios pasajeros.
Sálvese quien pueda
Para Rubén Vargas, extitular del Ministerio del Interior (Mininter), la inseguridad manifestada por las empresas de transporte ante las constantes extorsiones no es algo que atañe solo a este gremio, sino que se trata de un problema central por el gran desborde criminal que ya ejerce un control territorial en varias zonas del Perú, principalmente en la costa y la capital.
“El mismo grito de auxilio lo han dado los bodegueros, pero nadie le hizo caso y ahora los bodegueros están sometidos o han cerrado sus emprendimientos. Lo mismo pasó con los restaurantes y lo mismo pasa con todos los otros negocios pequeños o medianos de los barrios que nuevamente están sometidos al crimen, al hampa, a la extorsión, a esa estructura criminal que para el Congreso, con su nueva ley, no es organización criminal”, dijo el exministro.
En diálogo con Infobae Perú, Vargas Céspedes advirtió a la ciudadanía que se vienen tiempos oscuros debido a que el Ejecutivo, como el Mininter, tienen otras prioridades en lugar de brindar protección ante la alta tasa de criminalidad que azota al país.
“Lo que viene es un escenario del ‘sálvese quien pueda’, porque el gobierno no va a hacer absolutamente nada por brindarnos protección. Al gobierno y al ministro del Interior (Juan José Santiváñez) lo único que le interesa es generar conflictos con el Ministerio Público para evitar las investigaciones por los casos de corrupción que tienen. El ministro del Interior tiene una agenda totalmente divorciada de las necesidades de la población por seguridad”, manifestó.
En esa línea, el abogado en seguridad ciudadana y reforma policial aseveró que tanto Boluarte como Santiváñez se han convertido en parte del problema, puesto que, en lugar de adoptar medidas para hacerle frente al crimen organizado, solo demuestran su desconocimiento del tema con medidas populistas.
“Con estas acciones, el gobierno solo confirma su absoluta miopía y ligereza para enfrentar los problemas del crimen organizado. Se comprueba nuevamente que está a la deriva, que no saben qué hacer frente a un problema dantesco como el desborde criminal”, lamentó.
“Su reacción es una respuesta absolutamente efectista y absolutamente irresponsable porque sabemos que solamente es un anuncio para la tribuna. Hasta ahora no conocemos cuál es la estrategia del gobierno frente al crimen porque no la tiene entonces en conclusión es un gobierno que nos ha abandonado”, acotó.
Por último, Rubén Vargas recordó que la población no le hacía frente a un problema de tales magnitudes desde la época del terrorismo, cuando había zonas en Lima que estaban “liberadas” y la autoridad estatal no podía entrar. “La que ponía las reglas del juego de convivencia cotidiana eran los terroristas o narcotraficantes”, graficó a este medio.
“Ahora tenemos situaciones similares con el control territorial que nos han traído las organizaciones criminales transnacionales. Ellas son las que controlan los espacios, puede ser un barrio, un distrito, avenidas, carreteras. A partir de ese control territorial realizan una serie de acciones delincuenciales entre ellas extorsión, secuestro, microcomercialización de drogas, trata de personas”, finalizó.
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