Líderes de siete comunidades nativas amazónicas peruanas viajaron a la capital de Lima para exigir que Petroperú, la empresa estatal petrolera, asuma responsabilidad por los graves daños ambientales y sociales ocasionados por la prolongada explotación de hidrocarburos en la Amazonía durante décadas.
Como se recuerda, el Ejecutivo promulgó recientemente un decreto de urgencia que otorga un rescate financiero de 750 millones de dólares a Petroperú con el objetivo de evitar su inminente quiebra.
Ante la grave situación de contaminación y afectación a la salud provocada por la explotación petrolera, los líderes de los pueblos Kichwa, Quechua, Chapra, Wampis, Kukama, Achuar y Urarinas exigen que parte del nuevo salvataje financiero se destine a la reparación de los daños ambientales y sanitarios ocasionados por el Oleoducto Norperuano en sus territorios.
Los líderes indígenas denuncian que no se han cuantificado los perjuicios históricos que el Oleoducto Norperuano ha generado sobre sus siete comunidades. Reclaman que nunca han recibido compensación por el uso de sus tierras, la degradación de sus ecosistemas y la contaminación de sus ríos y bosques a causa de la infraestructura petrolera, incluyendo 300 pozos y 400 km de carreteras.
De acuerdo con el estudio presentado recientemente, los gastos de remediación en 30 sitios seleccionados del Lote 192 exceden los S/ 650 millones. Esta cantidad pone de manifiesto la insuficiencia del fondo estatal de remediación, el cual dispone de un presupuesto total de solo S/ 431 millones.
“Miles de millones de dólares para que sobreviva Petroperú, pero para los derechos humanos y el medio ambiente, no hay dinero”, lamentaron los líderes indígenas en referencia a la decisión del Gobierno de Dina Boluarte.
También señalaron que Petroperú ya había recibido US$ 2.250 millones en 2022, y a pesar de esto, ahora solicitan un nuevo rescate financiero que supera los US$ 3.500 millones. Esta solicitud implica un aumento de capital de US$ 1.150 millones, la conversión de un préstamo de US$ 750.000 en capital adicional, y la petición de garantías estatales por US$ 1.650 millones para asegurar futuras operaciones.
Por último, anunciaron que buscarán establecer un diálogo con acreedores e inversionistas internacionales para presentar sus demandas, exigiendo la inclusión de cláusulas que garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en cualquier operación de rescate financiero.
¿Quiénes serán parte del nuevo directorio de Petroperú?
La Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú ha suscitado diversos rumores y dudas debido a su falta de decisión en la conformación del nuevo directorio. Entre los candidatos mencionados para ocupar puestos en el directorio se encuentran Óscar Vera, Enrique Bisetti, y los ex presidentes de Perupetro, Aurelio Ochoa e Isabel Tafur. No obstante, Ochoa rechazó la oferta, mientras que Tafur aún no ha recibido una invitación formal.
Alejandro Narváez, ex presidente de Petroperú, también fue considerado para un puesto en el directorio, aunque su nombramiento no ha sido confirmado. La situación de los tres representantes del Ministerio de Economía en el directorio también está en cuestión, lo que añade más confusión al proceso de reestructuración.
El gobierno de Boluarte aprobó parcialmente la propuesta del presidente saliente del directorio, Oliver Stark, y busca reanudar un plan de reestructuración previamente presentado por el penúltimo presidente del directorio, el ingeniero Pedro Chira. Este plan, que se implementará a través del Decreto de Urgencia N°013-2024, contempla la capitalización de US$750 millones y la ampliación de las líneas de crédito de la empresa.