El paro de transportistas generado por la situación de inseguridad que viven los conductores de buses de transporte urbano en Lima, que son víctimas de amenazas por parte de extorsionadores desde hace varios meses, finalmente generó la respuesta del Ministerio del Interior, que anunció tres medidas para reducir la preocupación de las víctimas de extorsión y de los pasajeros afectados.
En un comunicado difundido esta mañana, el Mininter indicó que, por medio de la Policía Nacional del Perú, se “ha intensificado los operativos y la investigación para contrarrestar la extorsión, especialmente la que afecta a gremios y trabajadores del sector transporte”.
Por otro lado, debido a que el paro ha dejado a varios usuarios varados en los paraderos del distrito de Puente Piedra, el Mininter indicó que el Comando de la PNP habilitó cuatro buses de la institución para trasladar de manera gratuita a decenas de pasajeros desde el paradero Rosa Luz (Puente Piedra), pasando por Los Olivos, hasta llegar a la Avenida Tomás Valle, cerca a los distritos de San Martín de Porres e Independencia.
A nivel de vigilancia, el Ministerio del Interior también aseguró que se incrementó la presencia policial y patrullaje en “zonas estratégicas de Lima y Callao con el objetivo de reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante hechos delictivos”.
Las promesas del ministro Juan José Santiváñez
Por otro lado, el señor Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transportes, indicó que se reunió con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para hablar sobre posibles soluciones a la problemática del transporte urbano en Lima. En conversación con Canal N, afirmó que ya hay un compromiso del titular del sector para apoyar a los transportistas.
“Se está indicando que en horas de la tarde -esperemos que esto sea una realidad- el ministro del Interior o en caso la presidenta de la República, establezca que se declare una fiscalía especializada en bandas criminales. Los que estamos metidos en temas de derecho, sabemos que al no existir una fiscalía especializada, una amenaza de extorsión en San Juan de Lurigancho; un disparo en el Rimac (...) se vuelve un total caos y esa anarquía origina una demora de cerca de 3 meses. Esperemos que esta situación que se está concretando hoy y se explayen con la medida por medio de una comunicación en horas de la tarde”
Ojeda afirmó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que la creación de esta nueva fiscalía especializada ya se había conversado con representantes del Ministerio Público. “Hace tres meses han elevado el proyecto y se han comprometido que ya el día de hoy habrá una respuesta porque esto no da más”.
El representante de gremios de transporte indicó que se dará una fecha límite al Ministerio del Interior para cumplir con su promesa. En caso contrario, los trabajadores del sector tomarán medidas más fuertes.
“Como pasó en Chile. Punto. En Chile mataron a un camionero y todo el gremio paró. Ahí los carabineros tuvieron que tomar en cuenta otras posiciones para erradicar estos actos delictivos. Igual aquí. No es un tema contra la policía o contra la ATU. Es contra todos los poderes del Estado que están viendo este problema como si fuese pan de cada día (...) Si esto no se soluciona en el tema de la ilegalidad y en el tema de las extorsiones, amenazas y actos delictivos, se establecerá una fecha para una huelga nacional (...)”, afirmó Ojeda.
En la misma línea de lo declarado por Ojeda, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, anunció en conversación con Exitosa que el día jueves 26 de septiembre, se acatará un paro y marcha de protesta hacia el Congreso de la República por los casos de extorsión que afectan a los transportistas.
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