La trata de personas en Perú: el abandono y el silencio del Estado que afecta a menores de edad y a mujeres

La trata de personas en Perú es una problemática que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, quienes son víctimas de diversas formas de explotación. A pesar de la gravedad de la situación, las acciones del Estado para combatir este flagelo son insuficientes. Un silencio y faltas de medidas efectivas que solo agravan la situación de quienes hoy se encuentran bajo amenaza de terceros.

De acuerdo con el informe elaborado por CHS Alternativo, titulado IX Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil 2022-2023: Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú, revela que los 42 servicios del Estado pertenecientes a diversos ministerios y destinados a abordar esta situación no están respondiendo de manera adecuada.

Entre 2022 y 2023, casi el 75% de estos servicios destinados a combatirla no contaron con presupuesto asignado. Entre los ministerios afectados por la falta de presupuesto se encuentran los de Educación, Salud, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego.

Infobae Perú conversó con el coronel Jean Bergerot, jefe de la División de Trata de Personas, quien revela que no existe un trabajo articulado entre los ministerios, a pesar de contar con una comisión multisectorial para articular y actuar de manera concertada el delito y la prevención.

No solo la articulación entre las diversas entidades del Estado pone en peligro la vida de muchas personas, sino también la falta de cifras de víctimas de trata de personas. El estudio también realizado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pone en evidencia que el Gobierno no brinda información al Congreso de la República desde 2017, a pesar de que la Ley 29918 lo establece.

El coronel Jean Bergerot reconoce que no existe precisión en el número de denuncias, debido a que son recibidas por tres canales: Línea 1818, en la Fiscalía y en la PNP. Es decir, no se llega a cuantificar en cada cierto tiempo. Además, refiere que el marco normativo actual no especifica claramente quiénes son consideradas víctimas de trata.

A esto se suma la falta de un registro único de casos de trata de personas. El coronel manifiesta que se trabaja de nuevo en esta plataforma con mejores recursos de soporte.

De acuerdo con la información actualizada a nivel nacional, existen 44 menores de edad y 59 mujeres de todas las nacionalidades víctimas de la trata de personas en el territorio nacional. En su mayoría, son mujeres venezolanas sometidas a la explotación sexual, aunque también se ha identificado a ecuatorianas.

Las organizaciones criminales han visto un negocio ilícito en el Perú, siendo una de las finalidades de la trata de personas la explotación sexual. Principalmente, las mujeres son obligadas a trabajar bajo amenaza.

Trujillo y Chiclayo se han convertido en puntos críticos para la entrada de organizaciones criminales transnacionales. Desde 2016 se ha identificado la presencia de varias bandas delictivas operando en el país, entre ellas el ‘Tren del Aragua’ y la ‘Megabanda de El Koki’. Estas organizaciones han extendido sus actividades a través de brazos armados y anexos.

El ‘Tren del Aragua’ es considerada una de las más activas en Perú. La banda cuenta con las facciones de ‘Los Gallegos’ y ‘Los Hijos de Dios’, a quienes la PNP ha podido desarticular de manera parcial.

El coronel menciona que se ha observado un aumento en la entrada de mujeres ecuatorianas al territorio peruano, quienes están siendo víctimas de explotación sexual, especialmente en la parte norte del país. Esta situación ha sido exacerbada por la presencia de la organización criminal ‘Los Tiguerones de Ecuador’ y el ‘Comando Vermelho’ de Brasil. Este último, además de estar involucrado en la minería ilegal, también participa en delitos conexos como la trata de personas.

En el territorio nacional existen desafíos en torno al sistema de justicia en la lucha contra la trata de personas. Aunque existen fiscalías especializadas y unidades de la Policía Nacional dedicadas al combate del crimen organizado, no se cuenta con un sistema transversal que aborde de manera holística este delito, así lo menciona el coronel Jean Bergerot.

El marco normativo actual contempla penas que pueden llegar hasta los 35 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes, con un mínimo de 8 a 12 años. Sin embargo, la aplicación de estas penas es limitada debido a la falta de especialización en el sistema judicial y en las fiscalías locales.

Hoy, 23 de setiembre, es el Día Nacional contra la Trata de Personas, en un contexto donde la atención del Estado a esta problemática aún presenta deficiencias significativas.