Según la Asociación de Bodegeros del Perú, casi tres mil de estos negocios en Lima ya cerraron de forma definitiva sus puertas por la ola de extorsiones que sacude el país. La cifras reflejan para la delincuencia organizada busca seguir expandiéndose a costa de ciudadanos trabajadores y emprendedores.
Así lo reveló Latina Noticias en un reciente informe, donde se precisó que los distritos con mayor registro de bodegas cerradas, debido a las reiteradas amenazas extorsivas son San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas e Independencia.
Armando Pérez, representante del gremio, indicó que vienen haciendo uso de la tecnología, a través de un botón de pánico (Lima Segura) que se puede interconectar con las cámaras de videovigilancia, como respuesta a la criminalidad organizada.
“¿En qué consiste? Tenemos un aplicativo que lo podemos bajar no solamente las bodegas, sino cualquier otro negocio. Es un botón de pánico que se presiona y da la alerta a tu ubicación en las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Lima”, detalló el vocero.
Este método puede servir para una respuesta más rápida de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del serenazgo municipal para atender alguna emergencia delictiva.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los porcentajes de robo a negocios se han incrementando más de 3% si se comparan los del primer semestre del 2023 con los del presente año.
De los delitos que más se comete
Entre los delitos que más se comenten en el Perú está las extorsiones. Solo en los tres primeros meses del 2024 ya vienen sumando 5,012 denuncias. Según la PNP, Lima Metropolitana es el área que más concentra estas denuncias, seguido por La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque y Áncash.
Los datos brindados por la Policía Nacional muestran que en los últimos años los casos de extorsiones se han sextuplicado a nivel nacional, pasando de poco más de 2,000 denuncias en 2019 a más de 17,000 en 2023, es decir, 47 por día. Se estima que al término de este año, la cifra podría cerrar en 20,000 denuncias.
Pero la extorsión es solo el primer eslabón de una cadena delictiva más amplia. Las organizaciones criminales ligadas al secuestro utilizan tácticas de amenazas que van desde agresiones físicas a torturas y asesinatos para asegurar el pago de rescates.
“La extorsión es, como todos sabemos, solicitar plata para beneficio propio y si tú no cumples viene la amenaza y, finalmente, quitarle la vida a una persona (sicariato). Son dos de los delitos que más están creciendo”, advirtió el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la policía, a Infobae Perú.
Para el alto mando, alguna de las razones por las que se ha incrementado sostenidamente estos delitos son por la falta de campo laboral y tener desempleados a miles de peruanos y migrantes, aunque hizo especialmente énfasis en estos últimos.
“Al no haber campo laboral y tener acá desocupados a muchos migrantes, con la difusión que se está haciendo de los delincuentes venezolanos y colombianos, actualmente los peruanos cuando necesitan a alguien para trabajos domiciliarios, ya le han puesto un freno a ellos. Al no tener trabajo y tener necesidades económicas ¿qué sucede? Aumentan las extorsiones. Sienten que es lo más fácil: amenazan, piden un cupo y nadie sabe quién eres”, señaló.
En tanto, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y coautor de Las economías criminales y su impacto en el Perú, afirmó que las condiciones de informalidad, impunidad y corrupción hacen al país atractivo para el delito, sumado a que la fuerza que le pone el Estado en materia de inversión es mucho menor que lo que mueven las propias economías criminales en conjunto.
“Las economías criminales mueven más de siete mil millones de dólares al año y si se cuenta cuánto hay de presupuesto en todo el sector Interior, incluida la policía, en el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector Defensa no llega a esa cifra”, detalló.