El Congreso de la República aprobó, en primera votación, el dictamen de la ley que establece la creación del Colegio de Politólogos del Perú.
La iniciativa tuvo en total 73 votos a favor, 13 en contra y ocho abstenciones. Dentro de siete días deberá de ser sometida a una segunda consulta en el Pleno.
Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación y miembro de la bancada de Perú Libre, fue el encargado de sustentar el proyecto. En su discurso, manifestó que el objetivo era generar una adecuada representación gremial para los profesionales de Ciencia Política.
Por otra parte, Montalvo recordó que Ciencias Política es una de las nueve carreras mejor remuneradas del país y que estos profesionales se pueden desenvolver en diferentes campos laborales como: analistas en empresas privadas, asesores de cuerpos colegiados como parlamentos y municipalidades, además de gestionar políticas públicas.
Indicó, además, que la carrera se imparte en el país desde 1988 y que actualmente se puede estudiar en centros de educación superior como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Federico Villareal, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Ruiz de Montoya, Nacional de Trujillo, Católica de Santa María, Micaela Bastidas y Pedro Ruiz Gallo.
Entre sus áreas de estudio se encuentran la teoría y la sociología política; la ciencia administrativa, análisis de políticas públicas, las relaciones internacionales y la historia de las ideas.
Opiniones en contra
Sigrid Bazán, miembro del Bloque Democrático Popular, rechazó que esta propuesta no haya tenido opiniones técnicas de instituciones especializadas, y mencionó que en el 2019 se aprobó una iniciativa similar, pero fue observada por el Poder Ejecutivo.
En esa misma línea, Adriana Tudela, de Avanza País, opinó que el dictamen debería regresar a la comisión, ya que la creación de este colegio implicaría “cobrar un cupo” para el ejercicio profesional. Sin embargo, esta solicitud no apoyada en la votación.
Politólogos se muestran en desacuerdo
De acuerdo al politólogo Omar Awapara, esta iniciativa legislativa “no va a favorecer en lo absoluto el ejercicio de la profesión”, ay que, por el contrario, “va a formar una especie de cartel, en el que algún tipo de órgano colegiado va a marcar una especie de línea, sobre la cual es posible ejercer esta profesión o no”.
“El respaldo lo brinda el título del nombre de la nación, el respaldo lo brinda la educación y lo brinda la propia performance de un profesional en la cancha. Los méritos que pueda tener una persona profesional también los pueda reconocer de igual manera su trayectoria, su experiencia y el propio ejercicio de su profesión”, expresó en diálogo con Canal N.
“De mis maestros, y gente que he aprendido... He sido formado por personas que no lo tienen, porque no existía el grado en el Perú y no por eso esas personas son menos capaces o menos profesionales. Muchos de ellos han alcanzado el grado de maestro o doctor en ciencias políticas, pero no tienen la licenciatura”, añadió.
Por otra parte, la Asociación Civil Politai, conformada por egresados y estudiantes de pregrado en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, emitió un comunicado donde también rechazaron la creación del Colegio de Politólogos, lo que implicaría el pago de cuotas como requisito obligatorio
“Consideramos que el grado académico, y no la colegiatura, certifica la competencia profesional de las y los politólogos en el Perú. Asimismo, la calidad profesional se expresa en la trayectoria de cada politólogo o politóloga y en el reconocimiento nacional e internacional por parte de sus colegas. En ese sentido, la colegiatura obligatoria no garantiza mejores ni más eficientes competencias profesionales”, se lee en el pronunciamiento.
Gremios rechazan iniciativa
Diversos colectivos, gremios y organizaciones de estudiantes y egresados de las escuelas de Ciencia Política a nivel nacional han alzado su voz en rechazo al Proyecto de Ley 484/2021-CR. Señalan que esta iniciativa legislativa no solo amenaza con restringir el acceso al mercado laboral, sino que también atenta contra la libertad de ejercer su profesión de manera independiente.
Los denunciantes advierten que, de aprobarse esta ley, la colegiación obligatoria impondría barreras de índole económica y burocrática, como el pago de una cuota y la obtención del título profesional en un contexto universitario que —según expresan— ofrece escaso apoyo a la investigación y el desarrollo académico. Esta situación afectaría especialmente a los recién egresados y bachilleres, quienes, lejos de beneficiarse, verían limitadas sus oportunidades de empleo y desarrollo profesional.
Durante una jornada informativa y de protesta realizada en el frontis y en las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los manifestantes expresaron su preocupación por lo que consideran una injerencia política en el proceso de creación del colegio desde el Congreso de la República, que no ha tomado en cuenta la realidad y necesidades profesionales de estudiantes, y egresados y egresadas.
“El colegio no nos garantiza nuestra inserción laboral ¿donde están los congresistas que piensan en la precariedad que los jóvenes asumimos cuando entramos al mercado a trabajar”, afirmó Francesca Canaval, representante estudiantil de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Otro de los puntos cuestionados fue el carácter sancionador de la propuesta, que atenta contra la libre expresión académica y profesional. “¿Nos van a quitar la colegiatura por criticar a un gobierno que no es democrático?”, agregó Jairo Manayay, Secretario General del Centro de Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así, denunciaron que el proyecto fue elaborado sin consultar a las bases estudiantiles y con un claro sesgo hacia ciertos grupos de interés, lo que —según ellos— fomenta la censura de opiniones que puedan observar prácticas poco éticas desde autoridades electas y/o funcionarios del Estado.
Finalmente, los colectivos anunciaron que continuarán organizándose en todas las universidades para sumarse a la defensa del libre ejercicio profesional, demandar el archivo del PL 484 y exigir un diálogo inclusivo y participativo en torno a una iniciativa que realmente garantice los derechos de miles de profesionales en Ciencia Política.