El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte es el que más protestas ha acarreado desde 2016, incluso por encima de regímenes de alta conflictividad social como el de Pedro Castillo, de acuerdo al recientemente publicado Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad en el Perú, elaborado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El documento digital, que recopila, procesa y visualiza información proveniente de diversas fuentes, incluyendo encuestas y estadísticas oficiales, señala que, al cierre del año previo, el Gobierno de Dina Boluarte arrastra 1.102 protestas sociales, frente a las 1.081 de Pedro Castillo, las 663 de Martín Vizcarra y las 557 de Pedro Pablo Kuczynski
Aunque con periodos bastante distantes entre mandato y mandato, quedan también más atrás las protestas de Francisco Sagasti (355) y Manuel Merino (41), este último, con una alta tasa de protestas sociales para los pocos días que estuvo al frente de la República.
Además, 2023 fue también el segundo peor año en materia de protestas, porque en dicho periodo se registraron 877 movilizaciones de todo tipo, el segundo peor registro en los últimos 15 años, solo superado por los 1.015 de 2022. Una cifra que, en opinión de los autores del Observatorio, grafica una desigualdad latente en la provisión de servicios básicos y garantías gubernamentales de confianza y transparencia, para desmedro también de la economía de las familias.
Vale precisar que esta iniciativa, en un principio, se dedicó exclusivamente a brindar cifras acerca de las protestas realizadas a fines del 2022, pero evolucionó para convertirse en una plataforma integral para el análisis de datos relacionados con la democracia y la gobernabilidad en el Perú.
No todo es PBI per cápita
Jorge Aragón Trelles, coordinador del área de Investigación e Incidencia de la Escuela de Gobierno de la PUCP, explica que en términos de aprobación y transfuguismo, el actual Congreso de la República, principal institución rectora para la generación de leyes en beneficio para la ciudadanía, resulta siendo el peor de los últimos 20 años, de acuerdo a lo recopilado en el Observatorio.
“En algún momento, la política se independizó de la economía y entonces no hemos logrado ser un país que creciera y redujera la pobreza. Hemos llegado a una coyuntura donde perdimos una oportunidad y ahora tenemos una crisis de fortaleza y eficiencia institucional. Se bifurcaron los caminos”, aseguró el experto.
En este sentido, Aragón Trelles refiere que otro indicador peligroso es el alto índice de confianza hacia las instituciones públicas, donde las fuerzas del orden han ocupado un lugar angular en los últimos años.
“Se ha disparado la desconfianza tanto en la PNP como en las FFAA. Esta desconfianza en Cusco, Puno, Apurímac y Ayacucho ha crecido de manera significativa, la única explicación posible no va por el lado de la inseguridad, sino en la respuesta de la autoridad con actores de represión”, advierte.
Por su parte, la especialista Marylia Cruz, investigadora del área de Investigación e Incidencia de la Escuela de Gobierno de la PUCP, explica que el debate público en torno a las nuevas alternativas de solución a nivel gubernamental se viene desgastando año a año, una cifra que también puede ser extrapolada en el Observatorio.
“Tratamos de ofrecer una propuesta para que la ciudadanía tenga conocimiento pleno, no solo que reconozca que existe otra crisis política, sino que se tomen acciones informadas al respecto. Es una situación que vemos con mucha fuerza desde 2016, lo que tampoco significa que años atrás haya sido un paraíso”, afianza.
Por tal motivo, Cruz señala que Reniec es una de las instituciones que gozan de mayor confianza por parte de la población, a diferencia de otras como el Congreso, partidos políticos o el Poder Ejecutivo. Una situación que decanta también en la conflictividad social antes referida, sobre un escenario de una economía que no alcanza para la supervivencia.
“Las instituciones electorales sí toman en cuenta sus índices de confianza para sus acciones, pero sería buena focalizar estos resultados no solo en las FFAA y la PNP, sino en todas las instituciones públicas. Se requiere una presencia más fuerte del Estado en todo el país”, destaca.
Observatorio: analizar para solucionar
El Observatorio de la PUCP se ha establecido con el objetivo de fortalecer la democracia y la gobernabilidad en el Perú mediante la recopilación, procesamiento y visualización de información precisa y actualizada. Este nuevo centro de análisis se enfoca en temas clave como la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, la evaluación de la gestión del gobierno central y las políticas públicas.
El Observatorio se estructura en cuatro ejes principales: participación ciudadana, cultura política, poderes del Estado y política pública. Cada uno de estos ejes cuenta con bases de datos elaboradas que permiten un análisis detallado y profundo de la información recopilada. Estas bases de datos incluyen encuestas y estadísticas oficiales, lo que garantiza la precisión y actualidad de los datos.
En el ámbito de la participación ciudadana, el Observatorio se dedica a estudiar y promover la implicación de los ciudadanos en los procesos democráticos. Esto incluye la evaluación de la participación en elecciones, referendos y otras formas de involucramiento cívico. La información recopilada en este eje es fundamental para entender cómo los ciudadanos interactúan con el sistema político y cómo se puede mejorar su participación.
El eje de cultura política se centra en analizar las actitudes, valores y comportamientos políticos de la población. Este análisis es crucial para comprender las percepciones y expectativas de los ciudadanos respecto a la política y el gobierno. Además, permite identificar tendencias y cambios en la cultura política del país.
En cuanto a los poderes del Estado, el Observatorio examina la relación y el funcionamiento de los diferentes poderes del gobierno, incluyendo el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este análisis es esencial para evaluar la eficacia y eficiencia de cada poder, así como su capacidad para trabajar de manera conjunta en beneficio del país.
Finalmente, el eje de política pública se dedica a la evaluación y análisis de las políticas implementadas por el gobierno central. Esto incluye el estudio de su diseño, implementación y resultados. La información obtenida en este eje permite identificar áreas de mejora y proponer recomendaciones para el desarrollo de políticas más efectivas y eficientes.
Los autores señalan que el Observatorio pone a disposición del público toda la información recopilada y procesada, lo que facilita el acceso a datos relevantes y actualizados para investigadores, académicos, periodistas y ciudadanos interesados en el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en el Perú.