Una fotografía difundida este miércoles por el programa Beto a Saber muestra al presentador de televisión Andrés Hurtado junto al exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), José Fernández Latorre, y Alejandro Sánchez, el dueño de la famosa casa de Sarratea, actualmente con orden de prisión preventiva por 30 meses.
Según el informe, la imagen fue registrada en el interior de un establecimiento de comida ubicado en la avenida Aramburú, en San Isidro. El selfi, tomado por la figura televisiva, evidencia que la cercanía con estos “dos personajes clave en su ascenso” durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, comentó el periodista Beto Ortiz.
Sánchez, quien permaneció prófugo desde octubre de 2022, fue deportado de Estados Unidos luego de ser arrestado cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera con México. Tras su regreso a Perú, fue recluido en el penal de Huaral, donde cumple la medida judicial.
Durante la administración de Castillo, la vivienda de su propiedad fue empleada por el exmandatario para reuniones extraoficiales con allegados y empresarios, poco después de su elección. La Fiscalía lo acusa de integrar una organización criminal presuntamente liderada por Castillo para obtener ganancias ilegales a través de irregularidades en las adjudicaciones de obras públicas, en un caso denominado “Gabinete en la Sombra”.
El paradero de Sánchez se desconocía desde el 11 de octubre de 2022, cuando debía presentarse ante la justicia tras una orden de prisión preliminar por 10 días contra todo el grupo investigado. Durante un operativo policial, fiscales allanaron viviendas y oficinas de los implicados.
La Fiscalía indicó que el grupo, presuntamente dirigido por el exmandatario, llevó a cabo actos ilegales en las contrataciones públicas desde junio de 2021, sin mantener reuniones formales ni citas en el Palacio de Gobierno, el Congreso, o los ministerios de Economía y de Vivienda. También se acusa a la presunta organización de construir redes de protección, encubrir a investigados, y llevar a cabo actos de difamación y persecución contra entidades investigadoras.
En febrero de 2022, Castillo llamó al programa de Hurtado, después de lo cual ambos organizaron un evento en Palacio de Gobierno donde se entregó un falso cheque por varios millones de soles para mejorar la atención de niños y niñas con cáncer. El conductor admitió que el intermediario para que ese evento ocurriera fue el exjefe de la DINI. “Un buen día, como yo hago temas sociales, le dije: ‘Tengo un sueño... que haya hospitales en todo el Perú’”, declaró días atrás.
Según Henry Shimabukuro, exasesor de la DINI, Fernández Latorre dispuso un pago mensual de S/. 50 mil para Hurtado con el objetivo de “limpiar su imagen”. Shimabukuro también aseguró que la figura televisiva le presentó a “personas muy poderosas del Poder Judicial y la Fiscalía”. Añadió que Hurtado no solo lo invitaba frecuentemente a su programa, suspendido en la actualidad, sino que también lo llevaba a un departamento en Miraflores, adonde asistía su círculo íntimo. “Solo ellos lo saben, ya usted sabe en qué andaba el señor Andrés Hurtado”, señaló Shimabukuro.
El empresario también aseguró que Hurtado tenía un interés particular en sostener encuentros adicionales con el expresidente, aunque él le advirtió sobre los riesgos legales: “Le dije que estaba involucrado en delitos de corrupción y más. Lo puse en auto al presidente y en dos o tres oportunidades le negó reuniones privadas. La única vez que fue a Palacio fue cuando armaron este escenario con el mismo señor Fernández para los niños con cáncer. Esa fue una ceremonia pública”, aseguró.
En noviembre de 2022, Fernández Latorre y Shimabukuro fueron detenidos acusados de integrar una presunta organización criminal encabezada por Castillo. A la fecha, Hurtado es investigado por dos despachos del Ministerio Público. La médica Ana Siucho, hermana de un confesor sincero del caso, lo acusó de solicitar un millón de dólares para gestionar la devolución de oro incautado y favores a futbolistas, mientras que Cuarto Poder reveló que el conductor es representante jurídico del narcotraficante conocido como ‘Vaticano’.
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