Tras la presión de los ciudadanos para que el gobierno de Dina Boluarte atienda el alarmante incremento de incendios forestales, que han producido la muerte de 15 personas, y han arrasado con miles de hectáreas de bosques, así como ecosistemas frágiles, ayer jueves 18 de septiembre se declaró estado de emergencia en tres regiones de la Amazonía: Ucayali, San Martín y Amazonas. Sin embargo, son muchos más los afectados, localidades en Huánuco, Cajamarca, Áncash solicitan con urgencia una solución gubernamental, pues hay cientos de ciudadanos afectados, así cómo áreas de cultivo y fauna en riesgo.
La medida se acordó en la sesión del Consejo de Ministros, y se oficializó en El Peruano, en edición extraordinaria, a través del decreto supremo N° 097-2024-PCM que determina la emergencia para 23 distritos amazónicos durante un periodo de 60 días. Esto implica que el se les distribuya servicios necesarios para enfrentar la emergencia, tal como estipula la Ley N° 30498.
Entre los bienes comprendidos se encuentran medicamentos, equipos médicos, alimentos, ropa, materiales de construcción, generadores eléctricos, y otros artículos esenciales. Los servicios, por otro lado, incluyen catering, transporte, servicios médicos y logísticos, entre otros.
El decreto especifica que la decisión se tomó en base a un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que señala que los incendios han devastado viviendas, cultivos, áreas naturales, así como animales domésticos y de granja. Según el Indeci, se registraron 233 incendios forestales a lo largo del año. Estos han dejado cientos de heridos y alrededor de 1.876 personas afectadas.
La magnitud del desastre no solo se limita a la pérdida de vidas humanas y los heridos. 1.495,33 hectáreas de cultivo se han perdido y otras 1.264,85 hectáreas han resultado dañadas. Además, 2.257,96 hectáreas de cobertura natural han sido destruidas, afectando gravemente el medio ambiente y la biodiversidad local.
El daño sobre la fauna ha sido igualmente considerable. Según los informes, 4.347 animales han resultado heridos o damnificados, y no se tiene una cifra exacta de cuántos han muerto a causa de los incendios. Este hecho pone en peligro la supervivencia de muchas especies locales y puede tener repercusiones a largo plazo en los ecosistemas afectados.
Además de la pérdida material y el daño a la fauna, los incendios tienen efectos ambientales significativos. La destrucción de hectáreas de bosque y cultivo no solo afecta la economía local sino también el equilibrio ecológico de las regiones afectadas. La recuperación de estas áreas puede tardar años, y algunas especies de flora y fauna podrían no recuperarse completamente.
El listado de los 23 distritos en emergencia
Amazonas, San Martín y Ucayali han sido declarados en estado de emergencia por impacto de daños a consecuencia de incendios forestales. Conoce las provincias y distritos incluidos en la normativa
Amazonas:
- Bongará: Jumbilla Chisquilla Corosha Florida Recta Valera Yambrasbamba
- Chachapoyas: Chiliquín Chuquibamba Soloco
- Luya: Lámud
- Rodríguez de Mendoza: Cochamal Mariscal Benavides Totora
San Martín:
- Huallaga: Sacanche
- Mariscal Cáceres: Juanjuí Pachiza
- Moyobamba: Moyobamba
- Rioja: Awajún
Ucayali:
- Coronel Portillo: Campoverde Manantay Nueva Requena Yarinacocha
La declaratoria de emergencia ordena apoyo del Minsa, Minam, Midagri y otros
Para gestionar esta crisis, se ordenó la participación coordinada de varias instituciones públicas y privadas. Entre estas se encuentran el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
El decreto N° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, han sido invocados para la implementación de las medidas necesarias.
El financiamiento de estas acciones correrá a cargo del presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin exigir recursos adicionales del Tesoro Público.
De acuerdo con el artículo 21 de la normativa, el INDECI debe coordinar y dar seguimiento a todas las acciones adoptadas, asegurando que sean reportadas a la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto incluye la evaluación continua de los resultados obtenidos y la realización de ajustes necesarios basados en estudios técnicos.
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