El expresidente de la República Martín Vizcarra presentó un recurso de agravio constitucional ante la Corte Superior de Justicia de Lima respecto a su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, según afirmó su vocero, Alejandro Salas.
Según detalló, este recurso, en materia de amparo, tiene como propósito revertir la sanción impuesta por el Congreso de la República en 2021, relacionada con el denominado caso ‘Vacunagate’, debido a la inoculación irregular de la vacuna contra el COVID-19.
Salas explicó que todas las vías de la justicia constitucional han sido agotadas, por lo que se ha optado por elevar el caso al Tribunal Constitucional. Asimismo, indicó que Vizcarra ha presentado dos causas pendientes en dicho tribunal y espera que sea resuelto con celeridad.
En ese sentido, criticó la inhabilitación argumentando la inexistencia de una norma que justifique la inhabilitación del presidente por una situación experimental vinculada a una vacuna que no estaba aprobada en ese momento.
“Consideramos que no se ha respetado el debido proceso y es eso lo que finalmente se va a tener que dilucidar en el Tribunal Constitucional con el cual se agotaría la vía interna y nos queda pues, la vía supranacional, de acuerdo con lo que dispone la Constitución”, señaló durante una entrevista con RPP Noticias.
Caso ‘Vacunagate’
Vizcarra enfrenta esta sanción por haberse vacunado con dosis de Sinopharm antes de que fueran distribuidas oficialmente. Sin embargo, Salas subrayó que el proceso seguido por el Congreso no respetó el debido proceso, según el argumento de la defensa del expresidente. “No se ha respetado el debido proceso y es eso lo que finalmente se va a tener que dilucidar en el Tribunal Constitucional”, agregó.
El vocero también señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está al tanto de esta causa, lo cual podría significar un seguimiento de la situación desde una instancia internacional en caso de resultar desfavorable el recurso en el Tribunal Constitucional. Salas no considera que el proceso vaya a extenderse mucho tiempo y resaltó la existencia de medidas cautelares como herramientas adicionales durante este procedimiento.
Salas denunció que la inhabilitación tiene un trasfondo de venganza política, con el objetivo específico de excluir a Vizcarra del proceso electoral. Subrayó que este tipo de acciones constituye un abuso del derecho y va en contra de los principios democráticos que, según él, deberían prevalecer en el país.
El recurso, ahora en manos del Tribunal Constitucional, representa el último estadio a nivel de la justicia interna, tras lo cual no se descarta la vía supranacional conforme a lo dispuesto en la Constitución peruana.
Vizcarra implicado en presunta extorsión a Alberto Otárola
El ex presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otárola, denunció a Morgan Quero, Martín Vizcarra, César Figueredo, Yazire Pinedo y Nicanor Boluarte por extorsión. Aunque todos negaron participación en una conspiración para destituir a Otárola de la PCM, un colaborador eficaz ofreció pruebas que contradicen sus versiones.
Yazire Pinedo, quien protagonizó el audio que forzó la renuncia de Otárola, fue mencionada en el testimonio del colaborador, quien afirmó que César Figueredo contactó a Pinedo en diciembre de 2022 para solicitarle que hablara con Otárola, entonces ministro de Defensa, sobre un posible puesto en la SUNARP.
Pinedo rechazó la petición pero se reunió con Otárola. Según el colaborador, en enero de 2023, Figueredo y Vizcarra planearon usar un video íntimo de Otárola para presionarlo. A pesar de la resistencia inicial de Pinedo, ella aceptó y se reunió con Otárola nuevamente, quien negó la solicitud. El colaborador señaló que Figueredo grabó partes del video y planeó usar contactos cercanos a la presidenta Dina Boluarte para influir en decisiones.
Martín Vizcarra enfrenta varias investigaciones, entre ellas, el caso “Club de la Construcción” por presuntas coimas recibidas en obras de infraestructura cuando fue gobernador de Moquegua, acusaciones de tráfico de influencias y colusión en contratos con empresas proveedoras durante la pandemia de COVID-19, y el escándalo “Vacunagate” por haberse vacunado en secreto antes de que las dosis estuvieran disponibles para la población general.
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