Durante la administración de la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio del Interior ha incurrido en gastos por 270 mil soles únicamente para contratar los servicios de defensa legal a favor del ministro Juan José Santiváñez. Sin embargo, esta es una pequeña parte de todo el dinero destinado por su gobierno, no solo para defender al actual titular del Mininter, sino también a exministros, funcionarios del ministerio y miembros de la Policía Nacional del Perú por la presunta comisión de delitos.
Una revisión de las contrataciones realizadas por el Mininter en los últimos dos años hecha por Infobae Perú permite confirmar que el monto total invertido por dicha cartera asciende a 1′421.570 soles, de los cuales 751.570 soles fueron destinados únicamente para la contratación de abogados para el ministro actual, además de los exministros del Interior: Carlos Basombrío, Víctor Torres Falcón, Ismael Vargas Céspedes, y Victor Rojas Herrera, en casos diversos que van desde delitos contra la administración pública -como negociación incompatible-, denuncias constitucionales e incluso genocidio.
Por el lado de los funcionarios del Ministerio del Interior beneficiados con la contratación de abogados usando dinero público para ejercer sus defensas legales, se encuentran los señores: Miguel Ángel Castro Taipe, Edwin Luis Revilla García, Carola Eliana Eyenith Cuadros Abanto, y Patricia Siboney Muñoz Toia. La suma invertida en estos funcionarios para la contratación de sus representantes alcanza los 320 mil soles.
Los motivos en estos cuatro casos no se limitan a faltas administrativas -como es el caso del señor Castro Taipe- sino que también se contrató a defensores legales de personal administrativo que habría cometido presuntos delitos contra la administración pública, como negociación incompatible, en los casos de Revilla García y de Muñoz Toia; además de colusión agravada en agravio del Estado, en el caso de Cuadros Abanto. Esto tal como muestran las actas de buena pro y diversas resoluciones de la Secretaría General del Ministerio del Interior consultadas por este medio para elaborar este informe.
Hasta este punto, ya hemos nombrado a 9 de las once personas beneficiadas por el Mininter, que usó dinero de todos los peruanos para contratar abogados defensores. Ninguna de ellas representó un costo superior a 150 mil soles por cada caso particular por el que fue denunciado, una norma que se cumple incluso para el ministro del Interior actual y los extitulares de la cartera.
Por el lado de los policías, sin embargo, la adjudicación de un nuevo contrato de defensa legal se produjo hace apenas unos días, el 11 de septiembre, a favor del suboficial de tercera PNP Jose Luis Capuñay Saldaña, que contará con el abogado Jesus Paul Poma Zamudio como representante legal por un costo de 50 mil soles por la presunta comisión de dos delitos: Contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves; y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad “en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, según pudo conocer Infobae Perú.
El policía que ‘vale más’ que un ministro
Sin embargo, en 2023, el Ministerio del Interior logró su récord de gasto, cuando contrató por 300 mil soles a un abogado para Vicente Marcelo Álvarez Moreno, ex Teniente General de la Policía Nacional del Perú y ex jefe del Estado Mayor de la PNP, ascendido al cargo por el expresidente Pedro Castillo, y que está involucrado en los presuntos delitos de homicidio calificado, y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir.
Hace dos años, en agosto del 2022, este medio informó sobre el caso de Álvarez Moreno, que fue acusado por la Fiscalía de la Nación por supuestamente estar implicado en un “escuadrón de la muerte” y el robo de combustible a la PNP. La denuncia involucró a oficiales y suboficiales de la PNP y en la lista estaría el ex comandante PNP, Raúl Prado Ravines, quien habría sido el encargado de realizar ejecuciones extrajudiciales a supuestos delincuentes con el fin de ganar ascensos y condecoraciones en la Policía.
El ascenso de Álvarez a general PNP se produjo en septiembre del año 2022 y en diciembre de ese año recibió la condecoración de “Cruz de Guerra al Valor” por su participación en la “gran operación antiterrorista “Patriota”, en agosto, según publicó la PNP en su cuenta oficial de X.
Abogados a la carta
Si se divide el gasto del Mininter en abogados defensores por año, en el primer periodo de Dina Boluarte se aprobaron contrataciones bajo este concepto por S/ 619.350, mientras que en lo que va del año 2024, el Gobierno gastó S/ 802.220. El monto, sin embargo, podría aumentar en los próximos meses.
En todos los casos hay un detalle que se debe considerar: que todas fueron bajo la modalidad de contratación directa. Es decir, que la publicación de las bases, la postulación del abogado, y la adjudicación de la buena pro, ocurre el mismo día.
En ocasiones, este tipo de adjudicaciones se producen por invitación, lo que implica que se llama a un proveedor específico para que envíe su postulación al proceso, que culmina con su contratación. Esto también puede significar que el propio beneficiado elige a qué abogado desea que se contrate.
Los datos a los que tuvo acceso Infobae Perú indican que los estudios con mayor número de contratos adjudicados entre los años 2023 y 2024 con cargo al Mininter son: el Estudio Azabache Caracciolo (2), Estudio Caro & Asociados (2), Estudio Muñiz (1), y el Estudio Benites, Vargas & Ugaz (1). Otros defensores contratados como personas naturales fueron: Jesus Paul Poma Zamudio (1), Susy Angélica Sandoval Espinoza (1), Pedro Anibal Huamán de la Cruz (1), Roberto Carlos Sánchez Grecco (1), Omar Chehade Moya (1), Fernando Miguel Silva La Rosa (1), y Victor Mario Amoretti Pachas (1).
¿Cómo se contratan los abogados en el Ministerio del Interior?
Conversamos con uno de los abogados contratados por el Mininter, Victor Mario Amoretti Pachas, quien se adjudicó un contrato por 19.750 soles para defender al ex titular de la cartera, Víctor Rojas Herrera de una denuncia penal por genocidio.
Durante la entrevista exclusiva, Amoretti indicó que fue contactado personalmente por el exministro Rojas en el año 2023 para asumir su defensa legal en su proceso debido a que previamente, en el año 2021, hizo lo mismo con el también ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez.
“Cuando el ministro Víctor Rojas es denunciado, él conversa con el exministro Gastón Rodríguez y me recomienda para que yo asuma (el caso de genocidio) (...) Me dijo “Soy amigo del general. Es mi amigo y me ha recomendado para que asuma mi defensa”. Conversamos y le dije que la denuncia de genocidio no tenía sustento. Luego conseguimos las copias, me nombró como su abogado y se firmó el contrato”, afirmó Amoretti a Infobae Perú.
Por otro lado, el abogado también afirmó que el monto del contrato tiene un máximo establecido por el Ministerio del Interior -al menos en su caso- y que la oferta presentada para ser el defensor del exministro (19 mil soles) depende del cliente.
“Firmamos (el contrato) en el Ministerio del Interior y recibí un primer pago. Ya culminado el proceso, se recibe el segundo. En cuanto al monto, eso lo fijan ellos (el Ministerio). Ahora existe una diferencia abismal entre lo que me han pagado a mí y lo que están pagando a otros en otros casos. Yo puedo plantear (un monto) siempre que el Ministerio lo apruebe. Yo puedo plantear 500 mil, una locura, pero el Ministerio plantea el tope. Ellos me indicaron cuál es lo máximo que pueden pagar y dependía de mí si yo aceptaba. Ese fue mi caso ¿cómo hicieron con el resto? no lo sé”, dijo el abogado a Infobae Perú.
El procedimiento para la contratación de abogados defensores para el Ministerio del Interior sí es un trámite amparado por la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, que sostiene que es un derecho de cada trabajador contar con una defensa y asesoría legal pagada por la entidad (en este caso el Mininter) “para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos”.
Sin embargo, fuentes al interior de la Comisión de Fiscalización del Congreso señalaron a Infobae Perú que pese a que el requerimiento de abogados es legal, los hechos de corrupción y actos tan graves como el homicidio calificado no son parte de las funciones de un servidor público o ministro en funciones, por lo que debería revisarse su aplicación.
Si se toma, por ejemplo, la contratación del Estudio Caro & Asociados para defender al ministro Santiváñez en su proceso por presuntamente haber cometido el delito de abuso de autoridad, la Resolución de Secretaría General N° 110-2024-IN-RSG revisada por este medio revelan cómo se adjudicó la buena pro del servicio.
El día 16 de agosto, el ministro Santiváñez presentó una solicitud para que el Ministerio del Interior asuma los costos de su defensa legal. Ese mismo día, la Secretaría General del Mininter emitió un documento a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. A su vez, la Oficina de Administración del Personal y Compensaciones emitió dos informes: N° 000163-2024-IN-OGRH-OAPC, y N° 1423-2024-OGRH-OAPC en los que se informó sobre los “antecedentes laborales del solicitante (el ministro Santiváñez)”.
Por su parte, la Oficina General de Asesoría Jurídica se encargó de emitir el informe N° 001493-2024-IN-QGAJ, en el que se verificó que la solicitud del ministro cumplía con los “requisitos de admisibilidad y procedencia”.
Finalizadas ambas partes del proceso, la Secretaría General emitió la resolución N° 110-2024-IN-RSG el 21 de agosto, cinco días después de que Juan José Santiváñez presentara su solicitud. Esto dio pie a que se inicien los procedimientos para que la “Oficina General de Administración y Finanzas, y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior adopten las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos”.
Al cierre de esta nota, Infobae Perú pudo comprobar la existencia de dos nuevas resoluciones por las que el Ministerio del Interior volverá a contratar a más abogados en defensa de dos altos funcionarios:
La Resolución de Secretaría General N.° 117-2024-IN-SG, que aprueba la solicitud del actual viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz Zulueta, para que se contrate a un abogado defensor pues tiene una investigación penal por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.
La Resolución de Secretaría General N.° 115-2024-IN-SG, que aprueba la solicitud del actual viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí Guzmán, para que se contrate a un abogado defensor, pues tiene una investigación penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, abuso de autoridad y tráfico de influencias, además de violencia contra la autoridad para obligarle a algo a la autoridad, esto mientras ejercía el cargo de Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
Actualmente el Ministerio del Interior no ha publicado ninguna adjudicación más allá de la última ejecutada el 11 de septiembre del 2024; pero aún así, en cuatro meses, la gestión del ministro Juan José Santiváñez ya ha gastado más en abogados defensores que la del exministro Vicente Romero, que estuvo en el cargo durante casi todo el primer año de Dina Boluarte en el Despacho Presidencial.