Exhumación en exbase militar de Acobamba se complica: familiares de desaparecidos piden ayuda para culminar proceso

En la localidad de Acobamba, en Huancavelica, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) confirmaron el inicio de labores para la recuperación de restos óseos de personas desaparecidas durante los años 1984 y 1985. Esta intervención, que se lleva a cabo en la exbase militar de Acobamba, se realiza bajo el marco de la Ley N° 30470, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Estos trabajos permiten que, tras años de búsqueda y espera, los familiares de las víctimas puedan encontrar respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. El MINJUSDH dio cuenta que un equipo de obreros encargados de la exhumación, subvencionados por la institución, junto a operarios de maquinaria pesada, y psicólogos del Ministerio de Salud (Minsa) se encuentran participando en estas acciones.

Sin embargo, los familiares de los desaparecidos han revelado que en la práctica falta apoyo de las autoridades, y que el poco presupuesto dificulta la culminación de las exhumaciones. La Fiscalía confirmó que al menos 14 personas están siendo exhumadas en Acobamba, víctimas de la violencia política que devastó al país entre 1980 y 2000.

Según el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), una organización dedicada a buscar a más de 15,000 peruanos desaparecidos por el conflicto armado interno, las labores encuentran obstáculos fundamentales debido a la insuficiencia presupuestaria, que afecta no solo las excavaciones sino también el acompañamiento emocional necesario para los familiares.

Una representante de los familiares de desaparecidos, en una entrevista con una radio local de Huancavelica , expresó la angustia y el sentir de las familias: “Estamos presenciando después de 40 años la búsqueda de poder encontrar a nuestros seres queridos, pero nos sentimos abandonados por nuestras autoridades, no tenemos apoyo, no se puede hacer el trabajo como se merece. Nos sentimos víctimas una y otra vez. Yo he perdido a mi padre. Pedimos que no sean indiferentes y que se haga una verdadera búsqueda. Solo queremos encontrar sus restos y darles un lugar dónde ir a llorar, y poner velas,” manifestó.

Entre 1983 y 1992, los distritos de Angaraes y Acobamba experimentaron un drástico aumento de la violencia debido al enfrentamiento entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden. La militarización del conflicto en 1983 marcó el inicio de una escalada de violencia que resultó en 150 muertes el año siguiente, principalmente en Angaraes, según partes oficiales consultadas.

En los primeros años del conflicto, Sendero Luminoso buscaba principalmente difundir su ideología y captar bases de apoyo en la región. Sin embargo, con la llegada de la militarización en 1983, las incisiones de violencia se intensificaron, derivando en combates frecuentes entre las fuerzas del orden y las columnas senderistas.

En 1989, las autoridades militar-políticas decidieron fortalecer los comités de autodefensa, lo que provocó un incremento en los enfrentamientos armados entre campesinos organizados y columnas senderistas. Para 1992, la fuerte resistencia campesina logró hacer retroceder a las fuerzas senderistas, aunque estas continuaron con acciones de violencia contra la infraestructura pública y la propiedad privada.

La violencia alcanzó picos notorios con la instalación de bases militares contra-subversivas en 1983 y la escalada de la violencia senderista en los años finales de la década de los ochenta.

Dentro de las comunidades afectadas, los abusos cometidos por los militares no pasaron desapercibidos. Testimonios recopilados revelan actos de tortura y maltrato. Por ejemplo, en 1989, César Paucará de Acobamba relató cómo fue acusado de subversivo y llevado a la base de Quichuas, donde fue golpeado, sumergido en agua, alimentado con excrementos y maltratado durante un mes antes de ser liberado.

El diseño de las bases militares incluyó, según testimonios de la región, infraestructura destinada a la tortura sistemática como parte de los métodos del ejército para conseguir información sobre actividades subversivas.

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